http://www.diariojudicial.com.ar/reportajes/La-gran-revolucion-se-va-a-dar-cuando-las-leyes-de-organizacion-judicial-se-modifiquen-20110801-0035.html
....El tema Chabán puso en el tapete el tema de la libertad durante el proceso porque que se encuentra en libertad ya que la sentencia no está firme. ¿Está bien que esto se aplique como regla general o que se maneje tal y como se hace actualmente?
Yo no tengo ninguna duda de que las personas que se encuentran imputadas de haber cometido algún delito, recién puedan encontrarse efectivamente privadas de la libertad una vez que son condenadas con sentencia en autoridad de cosa juzgada. Acá los factores que juegan son otros. Si una persona evidencia que no va a comparecer al proceso o si se encuentra en libertad puede poner en riesgo la averiguación de la verdad porque puede destruir pruebas o intimidad a testigos, me parece que en ese sentido si hay que restringir libertad. Pero en principio, una persona imputada de haber cometido un delito, tiene que estar en libertad hasta que se lo condene. Esto fue lo que ocurrió con Chabán y en otros casos, y que es hoy jurisprudencia plenaria de la Cámara de Casación Penal en el fallo “Díaz Bessone” donde estos postulados se establecieron de esa manera. Tenemos que seguir revisando porque por ejemplo cuando decimos que en un asunto no exista peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, y aunque hemos avanzado en evitar que mucha gente privada de su libertad inocente se mantenga en detención, lo cierto es que no sabemos bien qué quiere decir "peligro de fuga" o "entorpecimiento de la investigación". La jurisprudencia viene construyendo parámetros objetivos para tratar de saber cuándo nos encontramos en una situación u otra y la casuística es la que determina que los jueces vayan determinando en un caso y otro cómo lo tienen que hacer. El problema que tenemos en materia de encarcelamiento preventivo tiene que ver con la presencia del sujeto en el proceso y cómo se controla todo esto. También tiene que ver con la velocidad que tiene el proceso. Vuelvo a las leyes de organización, hay un problema muy serio en la organización del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal que es su ley de organización. Los fiscales, como los defensores, son diferentes en las diferentes atapas del proceso. Tanto el Procurador General, Esteban Righi, como la Defensora Oficial, Stella Maris Martinez, tratan de resolver esto de otra manera, organizando de otra forma. Pero lo que hay que romper es con esa regla de organización porque hay gente que podría ya estar en condiciones de ser condenada, pero igualmente seguimos avanzando con un proceso, cuando podría estar resulta la situación antes si los operadores del sistema pudieran resolver el caso antes. ¿Qué pienso yo de esta doctrina? Esa doctrina, constatando que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación, sí, yo considero que es la correcta y se tiene que seguir aplicando.
¿Cuánto influyen las “presiones mediáticas” en la tarea del juez?
Si uno habla de independencia del Poder Judicial, uno generalmente piensa en la independencia en relación a los otros poderes del Estado. Eso es un concepto clásico. Hay otro concepto de independencia que es el de independencia interna en el Poder Judicial. Es decir, un juez de instrucción que me preguntara a mí qué tiene que hacer en una causa o que yo le preguntara a los de Casación y que ellos le preguntaran a la Corte qué tienen que hacer. Son dos niveles de independencia, la interna y la externa. A su vez hay una cuestión de independencia que tiene que ver con los otros factores de poder del país. Yo no conocí nunca un funcionario del Poder Ejecutivo, donde se presente y le diga a un funcionario judicial que resuelva de tal manera o de tal otra. Puede ocurrir, ha ocurrido, se puede llegar a dar, pero no es común que esto pase. Sí lo que existe, y de manera muy intensa, es que los jueces se vean expuestos a la crítica que pueden realizar los medios de comunicación radiales, televisivos, escritos, etc. Esto sí genera presión. ¿Hasta dónde incide?, incide de acuerdo a casa uno, pero claro que incide. Los jueces no son marcianos que viven adentro de una burbuja y que salen a resolver cosas y luego vuelven. Están en sus comunidades, viven en departamentos, se reúnen en clubes, tienen la vida social que puede tener cualquiera y van sintiendo presiones y la presión de los medios también. Las críticas de los medios son legítimas en algunos casos, legítimas desde el punto de vista de la libertad de expresión, yo puedo pensar y decir que están equivocados en lo que están diciendo o la línea que tienen para describir la realidad. Por ejemplo, el periodismo es el que ha inventado el concepto de "garantistas" y yo no sé cuáles son los que están enfrente. Serán los "garanticidas", los que no quieren que las garantías se cumplan. Pero pareciera que hay una discusión que no tiene sentido, porque todo aquel que se ve sometido al sistema penal, incluso los periodistas, deberían querer tener frente a sí jueces que no se vieran presionados por factores externos sino solamente por lo que tiene que ser, las pruebas que pueda haber respecto de la responsabilidad de una persona y el derecho de aplicación al caso que se ha hecho en forma correcta. Convivimos con eso. Muchas veces el periodismo opera sobre un factor muy aleatorio que es el resultado que se pueda producir.
martes, 25 de octubre de 2011
Demanda contra GCBA rechazada. Responsabilidad de padres.
La Justicia rechazó una demanda contra la Comuna porteña por los daños que sufrió un chico al tirarse de un tobogán.
Responsabilizó a la madre por "no cumplir con su deber de tomar medidas del caso para prevenir accidentes".
Los jueces consideraron que el juego no resultaba apto para un chico de 2 años.
N. A. V. y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios
Considero del caso resaltar que cuando los niños, por su corta edad, carecen de la estabilidad, por su falta de madurez neurológica y psicológica, necesaria para mantenerse atentos y alejados de los riesgos que los rodean, el sentido común indica que corresponde a los padres, o a quienes bajo cuya supervisión se encuentren los menores, poner en marcha los mecanismos o adoptar las conductas adecuadas para suplir sus falencias, extremando los recaudos para resguardar su integridad.
Debo señalar también que, por mucho que se profundice en el concepto de una culpa objetivada del dueño o guardián de la cosa considerada riesgosa, o se afine el de la culpa apreciada en sí misma, lo cierto es que no puede prescindirse, según se ha visto, de la incidencia causal decisiva del hecho de la víctima y de la culpa de quien debía dirigir su conducta, de manera que más que de causales de exención de una responsabilidad presumida o probada, corresponde hablar de circunstancias que impiden la configuración de la responsabilidad civil, precisamente por no llegar a concretarse el necesario vínculo de causalidad adecuado entre algún factor de imputación y el daño (Trigo Represas, F. A. López Mesa, M. J., "Tratado de la responsabilidad civil", t. III, p. 362 y sus citas en nota 262).
No me cabe duda entonces que el nexo de causalidad está totalmente interrumpido por la omisión culposa de quien tenía la responsabilidad directa de velar por la seguridad del menor (cfr. art. 264 del Cód. Civil), configurándose una de las eximentes del art.1113 del mismo cuerpo normativo.
Responsabilizó a la madre por "no cumplir con su deber de tomar medidas del caso para prevenir accidentes".
Los jueces consideraron que el juego no resultaba apto para un chico de 2 años.
N. A. V. y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios
Considero del caso resaltar que cuando los niños, por su corta edad, carecen de la estabilidad, por su falta de madurez neurológica y psicológica, necesaria para mantenerse atentos y alejados de los riesgos que los rodean, el sentido común indica que corresponde a los padres, o a quienes bajo cuya supervisión se encuentren los menores, poner en marcha los mecanismos o adoptar las conductas adecuadas para suplir sus falencias, extremando los recaudos para resguardar su integridad.
Debo señalar también que, por mucho que se profundice en el concepto de una culpa objetivada del dueño o guardián de la cosa considerada riesgosa, o se afine el de la culpa apreciada en sí misma, lo cierto es que no puede prescindirse, según se ha visto, de la incidencia causal decisiva del hecho de la víctima y de la culpa de quien debía dirigir su conducta, de manera que más que de causales de exención de una responsabilidad presumida o probada, corresponde hablar de circunstancias que impiden la configuración de la responsabilidad civil, precisamente por no llegar a concretarse el necesario vínculo de causalidad adecuado entre algún factor de imputación y el daño (Trigo Represas, F. A. López Mesa, M. J., "Tratado de la responsabilidad civil", t. III, p. 362 y sus citas en nota 262).
No me cabe duda entonces que el nexo de causalidad está totalmente interrumpido por la omisión culposa de quien tenía la responsabilidad directa de velar por la seguridad del menor (cfr. art. 264 del Cód. Civil), configurándose una de las eximentes del art.1113 del mismo cuerpo normativo.
lunes, 24 de octubre de 2011
Delitos y Contravenciones de la CIUDAD DE BUENOS AIRES
DELITOS
Los delitos cuya competencia se transfirió a la Ciudad son:
Cuando alguien amenaza a otro para alarmarlo o asustarlo (conforme art. 149 bis, 1er párrafo Código Penal).
Cuando una persona daña, hace desaparecer o destruye una cosa, un inmueble o un animal de otro (arts. 183 y 184 C.P.).
Cuando una persona no solventa los gastos de subsistencia de su hijo menor de 18 años o discapacitado (Ley 13.944).
Cuando alguien le quita a otro un inmueble por la fuerza, a escondidas o engañándolo (art. 181 C.P.).
Cuando alguien abandona a una persona que no puede valerse por sí misma (y a la que deba mantener o cuidar, o a la que haya incapacitado) poniendo en riesgo su vida o su salud, privándola de la ayuda o la asistencia necesaria (arts. 106 y 107 del C.P.).
Cuando una persona entra en la casa o negocio de otro contra su voluntad (art. 150 C.P.).
Cuando alguien maltrata a un animal, ya sea lastimándolo, dándole alimento insuficiente, haciéndolo trabajar en jornadas excesivas sin descanso, etc. (Ley 14.346).
Cuando alguien viola y/o daña los mails o la información digital privada de otra persona (art. 153 bis y 183 2º párr. C.P., conforme Res. FG 152/08).
Cuando una persona tiene o lleva un arma de fuego de uso civil sin permiso, o suministra este tipo de armas de manera ilegal (art. 189 bis, 2º y 4º apartado C.P.).
Cuando alguien realiza o hace realizar a otros exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros (art. 129 C.P.).
Cuando alguien es lesionado en medio de una pelea entre más de dos personas, no pudiéndose determinar quién provocó las lesiones (arts. 95 y 96 del C.P.).
Cuando alguien se hace pasar por médico sin serlo, o promete curar en un término fijo o por medios secretos o infalibles (art. 208 C.P.).
Cuando una persona no ayuda -directamente o avisando a las autoridades- a un chico menor de diez años perdido o desamparado, o a otra persona herida o inválida o amenazada de algún peligro (art. 108 C.P.).
Cuando alguien produce, publica o distribuye imágenes pornográficas con menores de 18 años, u organiza espectáculos en vivo con escenas pornográficas con esos menores (art. 128 C.P.).
Cuando dos personas se casan sabiendo alguno de los contrayentes, ambos y/o el oficial público que no pueden hacerlo, por algún impedimento, como estar alguno o los dos casados anteriormente (arts. 134 a 137 C.P.).
Cuando alguien participa en una organización o realiza propaganda basada en ideas discriminatorias como la superioridad de una raza, religión, origen o color, etc., o incita a la persecución o el odio contra alguno de esos grupos (art. 3 de la Ley 23.592).
Cuando alguien organiza o participa de una picada de autos ilegal, poniendo en riesgo la vida o la integridad física de las personas (art. 193 bis C.P., conforme Res. FG 75/08).
Cuando alguien participa en hechos de violencia que se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo (Ley 23.184 s/Ley 24.192).
Cuando alguien participe de concursos que requieran la ingesta de bebidas alcohólicas (art. 7 de la ley 24.788, conforme Res. FG 10/10).
Cuando alguien manipula residuos peligrosos y provoca envenenamiento, adulteración o contaminación peligrosa para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general (art. 55, 56 y 57 de la Ley 24051, conforme Res. FG 15/10).
CONTRAVENCIONES
Entre las contravenciones más denunciadas están:
Cuando alguien maltrata físicamente, intimida, u hostiga a otro (conforme art. 52 Código Contravencional).
Cuando se perturba el descanso o la tranquilidad de otros mediante ruidos que por su volumen, repetición o persistencia se transforman en molestos (art. 82 C.C.).
Cuando alguien ofrece o demanda servicios de carácter sexual en forma evidente en los espacios públicos no autorizados (art. 81 C.C.).
Cuando una persona realiza una actividad lucrativa en la vía pública sin la autorización correspondiente (arts. 83 C.C.).
Cuando se viola la clausura ordenada por una autoridad judicial o administrativa (art. 73 C.C.).
Cuando alguien conduce un vehículo con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes (art. 111 C.C.).
Cuando se organizan, explotan, promueven, comercian u ofrecen sorteos, apuestas o juegos clandestinos (art. 116 y 117 C.C.).
Cuando se manchan o ensucian bienes de propiedad pública o privada (art. 80 C.C.).
Cuando una persona discrimina a otra por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica, etc.(art. 65 C.C.).
Cuando una persona suministra alcohol (art. 60 C.C.) o material pornográfico a menores de edad (arts. 62 C.C.).
Cuando se tolera o admite la presencia de menores en lugares no autorizados (art. 61 C.C.).
Cuando alguien revende entradas para un espectáculo masivo provocando aglomeraciones, desórdenes o incidentes (art. 91 C.C.).
Cuando alguien lleva en la vía pública armas no convencionales (de aire o gas comprimido, armas blancas u objetos cortantes contundentes) con el fin de agredir a otros (art. 85 C.C.).
Cuando se omiten los recaudos de organización o seguridad en espectáculos masivos (art. 96 C.C.).
Cuando alguien exige una retribución por el estacionamiento o el cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal (art. 79 C.C.).
Los delitos cuya competencia se transfirió a la Ciudad son:
Cuando alguien amenaza a otro para alarmarlo o asustarlo (conforme art. 149 bis, 1er párrafo Código Penal).
Cuando una persona daña, hace desaparecer o destruye una cosa, un inmueble o un animal de otro (arts. 183 y 184 C.P.).
Cuando una persona no solventa los gastos de subsistencia de su hijo menor de 18 años o discapacitado (Ley 13.944).
Cuando alguien le quita a otro un inmueble por la fuerza, a escondidas o engañándolo (art. 181 C.P.).
Cuando alguien abandona a una persona que no puede valerse por sí misma (y a la que deba mantener o cuidar, o a la que haya incapacitado) poniendo en riesgo su vida o su salud, privándola de la ayuda o la asistencia necesaria (arts. 106 y 107 del C.P.).
Cuando una persona entra en la casa o negocio de otro contra su voluntad (art. 150 C.P.).
Cuando alguien maltrata a un animal, ya sea lastimándolo, dándole alimento insuficiente, haciéndolo trabajar en jornadas excesivas sin descanso, etc. (Ley 14.346).
Cuando alguien viola y/o daña los mails o la información digital privada de otra persona (art. 153 bis y 183 2º párr. C.P., conforme Res. FG 152/08).
Cuando una persona tiene o lleva un arma de fuego de uso civil sin permiso, o suministra este tipo de armas de manera ilegal (art. 189 bis, 2º y 4º apartado C.P.).
Cuando alguien realiza o hace realizar a otros exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros (art. 129 C.P.).
Cuando alguien es lesionado en medio de una pelea entre más de dos personas, no pudiéndose determinar quién provocó las lesiones (arts. 95 y 96 del C.P.).
Cuando alguien se hace pasar por médico sin serlo, o promete curar en un término fijo o por medios secretos o infalibles (art. 208 C.P.).
Cuando una persona no ayuda -directamente o avisando a las autoridades- a un chico menor de diez años perdido o desamparado, o a otra persona herida o inválida o amenazada de algún peligro (art. 108 C.P.).
Cuando alguien produce, publica o distribuye imágenes pornográficas con menores de 18 años, u organiza espectáculos en vivo con escenas pornográficas con esos menores (art. 128 C.P.).
Cuando dos personas se casan sabiendo alguno de los contrayentes, ambos y/o el oficial público que no pueden hacerlo, por algún impedimento, como estar alguno o los dos casados anteriormente (arts. 134 a 137 C.P.).
Cuando alguien participa en una organización o realiza propaganda basada en ideas discriminatorias como la superioridad de una raza, religión, origen o color, etc., o incita a la persecución o el odio contra alguno de esos grupos (art. 3 de la Ley 23.592).
Cuando alguien organiza o participa de una picada de autos ilegal, poniendo en riesgo la vida o la integridad física de las personas (art. 193 bis C.P., conforme Res. FG 75/08).
Cuando alguien participa en hechos de violencia que se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo (Ley 23.184 s/Ley 24.192).
Cuando alguien participe de concursos que requieran la ingesta de bebidas alcohólicas (art. 7 de la ley 24.788, conforme Res. FG 10/10).
Cuando alguien manipula residuos peligrosos y provoca envenenamiento, adulteración o contaminación peligrosa para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general (art. 55, 56 y 57 de la Ley 24051, conforme Res. FG 15/10).
CONTRAVENCIONES
Entre las contravenciones más denunciadas están:
Cuando alguien maltrata físicamente, intimida, u hostiga a otro (conforme art. 52 Código Contravencional).
Cuando se perturba el descanso o la tranquilidad de otros mediante ruidos que por su volumen, repetición o persistencia se transforman en molestos (art. 82 C.C.).
Cuando alguien ofrece o demanda servicios de carácter sexual en forma evidente en los espacios públicos no autorizados (art. 81 C.C.).
Cuando una persona realiza una actividad lucrativa en la vía pública sin la autorización correspondiente (arts. 83 C.C.).
Cuando se viola la clausura ordenada por una autoridad judicial o administrativa (art. 73 C.C.).
Cuando alguien conduce un vehículo con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes (art. 111 C.C.).
Cuando se organizan, explotan, promueven, comercian u ofrecen sorteos, apuestas o juegos clandestinos (art. 116 y 117 C.C.).
Cuando se manchan o ensucian bienes de propiedad pública o privada (art. 80 C.C.).
Cuando una persona discrimina a otra por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica, etc.(art. 65 C.C.).
Cuando una persona suministra alcohol (art. 60 C.C.) o material pornográfico a menores de edad (arts. 62 C.C.).
Cuando se tolera o admite la presencia de menores en lugares no autorizados (art. 61 C.C.).
Cuando alguien revende entradas para un espectáculo masivo provocando aglomeraciones, desórdenes o incidentes (art. 91 C.C.).
Cuando alguien lleva en la vía pública armas no convencionales (de aire o gas comprimido, armas blancas u objetos cortantes contundentes) con el fin de agredir a otros (art. 85 C.C.).
Cuando se omiten los recaudos de organización o seguridad en espectáculos masivos (art. 96 C.C.).
Cuando alguien exige una retribución por el estacionamiento o el cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal (art. 79 C.C.).
Obligaciones alimentarias de los abuelos CARACTER SUBSIDIARIA
La obligación alimentaria de los abuelos respecto a sus nietos es de caracter subsidiaria. Por consiguiente, la madre del menor debe justificar no sólo el fallecimiento del padre, que es el principal obligado, y el caudal económico de la abuela paterna, sino también su propia imposibilidad de cumplir con tal deber emergente del ejercicio de la patria potestad, directamente relacionado con la insuficiencia de sus propios recursos o la imposibilidad de procurárselos para dirigir su reclamo contra aquella (CNCiv Sala A, Z, S, M C/L. de D. E. C. 14/04/1997, LL, 1997-D 840 DJ 1997-3, 72)
jueves, 20 de octubre de 2011
Beneficio de litigar sin gastos
Un tribunal de Córdoba concedió el beneficio de litigar sin gastos a un estudiante de Medicina -menor de 18 años- que alegó no poder afrontar los costos del proceso. Para el tribunal, que sus padres y hermanos tuvieran ingresos no era un motivo suficiente para rechazar la petición.
Córdoba, 24 de agosto de dos mil once.
Y VISTOS: Los autos caratulados "C., O. A.- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS" (Expte. N° 1046693/36), para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del actor peticionante en contra del Auto Número Setecientos Cuarenta y Siete, del once de septiembre de dos mil ocho, dictado por el Sr. Juez de Primera Instancia y Vigésimo Séptima Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. José Luis García Sagues, que dispuso: ". 1) Desestimar la demanda de beneficio de litigar sin gastos. II) Imponer las costas al peticionante. III) Diferir la regulación de honorarios del profesional interviniente conforme a lo manifestado en el considerando respectivo. IV) Prot.".
Y CONSIDERANDO:
I.- Como primer agravio, el recurrente señala que es desacertada la decisión del A quo al considerar que no se encuentra acreditada la regularidad y permanencia del peticionante del beneficio como estudiante, al acompañar únicamente la primera hoja de la libreta de estudiante. Fundamenta dicha afirmación, sosteniendo que dicha hoja era la única que tenía al momento de solicitar el beneficio, y que el Juez debió solicitar que se acompañe completamente al resolver, como medida para mejor proveer, puesto que había sido ofrecida en su totalidad. Por ello, con más los testimonios de fs. 75 y 94, sumados a la encuesta ambiental, entiende que se encuentra acreditada la condición de estudiante de C.
Como segundo agravio, el apelante expresa que es incorrecta la afirmación del Juez cuando señala que los padres del peticionante ocultaron información con respecto a la situación patrimonial que tenían. Relata que eso no se condice con la prueba aportada, porque el padre del peticionante es "amo de casa", puesto que ha tenido una actividad comercial, la cual tuvo que pedir el cese en la municipalidad, conforme lo acredita a fs. 58, sin perjuicio de continuar inscripto en la DGR y en AFIP en el mismo rubro. Señala que la testimonial de fs.75, corrobora que el padre del peticionante se ocupa de las tareas de la casa, que el único ingreso es por parte de la madre (que es maestra) y que la testimonial de fs. 94, alcanza para probar que el padre hace changas en una pizzería. Agrega que de ambas testimoniales surge que son gente humilde, que no sale de vacaciones y que quien mantiene la casa es la madre con los ingresos que obtiene como maestra. Por último destaca que si hubieran querido ocultar la existencia de bienes, no habrían interrogado a los testigos sobre dicha circunstancia, pregunta que sí realizaron en la cuarta del pliego de fs. 11 vta.
Como tercer agravio, se agravia de lo manifestado por el A-quo cuando considera que se ha presentado al resto de la familia como neutros en cuanto al aporte económico, siendo que el recurrente señala que nada debía probarse en relación a los hermanos del actor por cuanto éstos no tienen ninguna obligación legal de soportar los gastos de justicia.
Bajo el acápite cuarto agravio, el apelante señala que lo agravia lo expresado por el Juez en el sentido que la situación patrimonial de los postulantes constituyó un secreto y que si los padres del peticionante tienen una casa y un auto Fiat viejo, puede que tengan patrimonio. Afirma que conforme las informativas de la DGR, los peticionantes no tienen bienes automotores a su nombre, y de la correspondiente al Registro General de la Provincia, tampoco inmuebles.
El quinto agravio apuntado por el apelante, gira en torno al argumento del Juez que afirmó que la encuesta ambiental fue hecha por un oficial de justicia que no se ocupó de observar lo que se presentaba a sus ojos ni hacer un relevamiento ambiental ni social.En este sentido, señala el recurrente que el oficial de justicia recabó la información necesaria, constatando que la casa es de clase media y que no tienen bienes suntuosos, sino sólo los indispensables.
Como sexto agravio, esgrime que han probado que el peticionante y sus padres no tienen medios para hacer frente al pago de gastos de justicia. Por último y como séptimo agravio, relata que todos los intervinientes en el trámite no se han opuesto a la concesión del beneficio.
Corrido el traslado a la codemandada Gilda Edith Gómez y al codemandado Luciano M. Gulisano, fueron contestados a fs. 224/227 y 230/233 respectivamente, a cuyos escritos nos remitimos por razones de brevedad.
II.- Por razones metodológicas, serán analizados los agravios del recurrente en el orden en que han sido expuestos en el escrito pertinente.En relación al primer agravio, sin perjuicio de ser desacertada la afirmación del recurrente en el sentido de que debió solicitarse como medida para mejor proveer que sea acompañada la libreta estudiantil completa, no es menos cierto, que las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 75 y 96, son contestes en sostener que el solicitante del beneficio de litigar sin gastos es un estudiante de medicina que se dedica únicamente a dicha actividad, sin trabajar. Así, a fs. 75, encontramos que el Sr. Aguat dice G., el hijo, estudia medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, es un chico muy aventajado, porque con veinte años cursa el tercer año de medicina, se dedica sólo al estudio, no trabaja, ni tiene ningún ingreso económico, lo sostiene la madre". En el mismo sentido, el Sr. Luis María Fierro, a fs. 96 señala "G. es estudiante de medicina, no tiene ningún ingreso económico, no trabaja, lo mantienen los padres". Los dichos de los testigos entonces, son contundentes en relación a probar la circunstancia de estudiante del peticionante y la falta de ingresos por no trabajar por dedicarse a dicha actividad.La falta de acreditación de la regularidad, no es obstáculo para considerar como probada dicha circunstancia con otras pruebas aportadas a la causa. En tal sentido, la primera hoja de la libreta estudiantil, aunque no sea contundente en relación a la regularidad universitaria, constituye un indicio suficiente, el cual acompañado de las testimoniales, que son coincidentes, alcanza a probar la situación argumentada por quien solicita el beneficio de litigar sin gastos. Es por ello, que el primer agravio debe ser recibido.
En relación al resto de los agravios, es dable traer a colación, el reciente fallo de la Excma. Cámara Quinta de Apelaciones de la Provincia de Córdoba en autos "L.G.M., - Beneficio de Litigar Sin Gastos" (Expte. N° 890970/36), donde mediante Auto Número Ciento Cincuenta y Seis del veinte de mayo de dos mil once, se dijo que: "Aquí se presenta la situación de una demanda de daños y perjuicios incoada por los padres de un menor, en su carácter de representantes legales del mismo, y se ha solicitado el beneficio de litigar sin gastos porque el menor carece de recursos propios para afrontar los gastos del proceso. Según el criterio de la resolución dictada por el señor Juez a quo, los citados gastos deben ser solventados por los padres, por lo que las condiciones para acceder al beneficio deben probarse en cabeza de los mismos, atendiendo a que de la interpretación de la ley civil, en cuanto se refiere a la defensa de los derechos de los menores y a que la promoción del presente litigio se enmarca dentro de los deberes que impone la patria potestad, por lo que se concluye en la responsabilidad de los padres por los gastos que genere su accionar.En otros términos, el tribunal a quo establece que, siendo que los padres están obligados a accionar en defensa de sus hijos menores en virtud de la patria potestad, necesariamente deben tomar a su cargo, de manera personal, los costos del proceso, ya que existe una "ligazón inescindible" entre este deber de accionar con la obligación de asumir las costas judiciales, por comportar el aspecto material del deber de asistencia debido por los padres. En realidad, no comprendo la afirmación del sentenciante, máxime cuando se acciona en nombre de otro. No hay ninguna motivación racional para deducir que del deber de accionar se deriva el deber de pagar, principalmente si se tiene en cuenta que se acciona en virtud de una representación (convencional o legal), en cuyo caso quien debe asumir los costos del proceso es el representado (en cuyo interés se actúa) y no el representante (a quien no le corresponde asumir las consecuencias económicas y jurídicas de los actos realizados en ejercicio de la representación). Los fundamentos del señor Juez a quo se refieren a otras cuestiones, derivando a los padres el deber de asumir las costas de los fines de la patria potestad, del concepto de "asistencia", de la composición de la obligación alimentaria, del poder de dirección de los padres respecto de la acción promovida, de las conjeturas o elucubraciones que los padres debieron hacer para decidirse a accionar; llegando, para justificar su aserto, a ingresar al concepto de "asistencia" (integrativo del concepto de alimento), relacionándolo genéricamente con los fines de la patria potestad. No hay disposición legal alguna que disponga que todo deber u obligación impuesto a los padres en el marco de la patria potestad debe ser correlativamente asumido con el patrimonio propio.Por el contrario, el régimen legal regula el deber de los padres para con sus hijos menores a partir de la obligación alimentaria, pues el art.265 del Código Civil dispone que los padres están obligados a "alimentar" a sus hijos con sus bienes propios, agregando el art. 267 que "La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad"- La Cámara Séptima de Apelaciones en lo Civil y Comercial de nuestra Ciudad, al comentar esta última norma, nos dice que dicha obligación y el derecho a ejercer la defensa de los intereses del menor no implica que las masas patrimoniales deban confundirse. Una cosa es la obligación alimentaria y los gastos de educación y otra es la defensa de los intereses jurídicos el menor".
No se debe confundir la situación patrimonial de los padres de un menor, con la del menor en particular. Es que en el caso de autos, quien acciona es el menor (en este momento mayor de edad), por lo que la situación patrimonial que debe contrastarse con el gasto a realizarse para afrontar el juicio es la del hijo de los originariamente peticionantes que sólo actuaron en representación del mismo (G. C.).
Asimismo, no se puede rechazar un beneficio de litigar sin gastos, fundándose en que los padres y los hermanos del solicitante trabajan y generan ingresos, puesto que la imposibilidad patrimonial de pagar los gastos, debe ser la personal del peticionante del beneficio, sin perjuicio de que sea representado por sus padres a los fines de realizar los trámites correspondientes.
En igual sentido se pronunció la Excelentísima Cámara Quinta en el precedente mencionado, señalando que "En nuestro sistema legal -como dijimos anteriormente- no existe el deber de afrontar personalmente las costas judiciales del mero hecho de la representación legal.Lo mismo que en la representación de las personas jurídicas, en la tutela, en la curatela y en el mismo contrato de mandato -donde el representante esta obligado a iniciar juicios en salvaguarda de los intereses del representado- pasa en la patria potestad, en donde la representación en juicio que ejercen los padres de sus hijos menores obedece solo a la incapacidad de éstos; no imponiéndole a aquellos que asuman el costo económico de esa actividad.Por eso una cosa es que la representación legal de la que están investidos los padres (art.57 del Código Civil) y otra su eventual responsabilidad porque puedan incurrir en una mala gestión de los intereses de sus hijos. De otro modo se estaría trasladando a los representantes legales una obligación sin que exista causa que lo justifique. Y tampoco puede sustentarse en los deberes dimanantes de la patria potestad, pues si bien una de las funciones relevantes de la patria potestad es la representación de los hijos menores (art. 274 del Código Civil), ello no significa imponerles "ab initio" una responsabilidad como la que pretenden los actores. Y por último debe tenerse presente que la representación legal de los padres se rige por las disposiciones del título del mandato (art.1870, inc.1º Código Civil), en donde los representantes no quedan personalmente obligados siempre que lo hubiesen hecho de acuerdo a los términos de su obligación (art. l946 cod.cit.), ya que los actos realizados, como las obligaciones contraídas, en los límites de sus poderes, son considerados como hechos personalmente por el representado (art. 1946 cod.cit.).
El Tribunal a quo ha entendido que la obligación que le exige a los padres se encuentra incluida en el concepto de "asistencia" del art.267 del Cod. Civil, ya que es necesario interpretar con amplitud esta noción, teniendo en cuenta los fines de la patria potestad.Consideramos que ello no es así, ya que de la lectura de dicha norma surge que la obligación literalmente comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad; términos éstos que tienen un significado concreto e inequívoco y que nada tienen que ver con las costas y gastos de justicia. Y si el alimentante debe soportar el pago de la deudas que el alimentado hubiera contraído, sólo se aceptan aquellas que fueran contraídas con el fin de inversión en alimentos. Una cosa es la obligación alimentaria y los gastos de educación y otras muy distinta la defensa de los intereses judiciales del menor referida a los derechos hereditarios que le corresponden. La correcta interpretación de la ley permite entender que, para otorgar el beneficio que nos ocupa, sólo corresponde evaluar la situación patrimonial del menor. La responsabilidad por el pago de las costas judiciales (comprensiva de tributos, aportes previsionales y colegiales y honorarios profesionales) le compete exclusivamente a las partes del juicio. Por otro lado, los gastos de alimentos son habituales, mientras que los de justicia son excepcionales. Aquéllos no pueden ser evitados, ya que de ellos depende la subsistencia del menor. Los gastos extraordinarios, como los de justicia, pueden encauzarse por medio de institutos como el beneficio de litigar sin gastos y la asistencia letrada gratuita, que también satisfacen las necesidades inherentes a la defensa judicial.".
En este sentido entonces, no corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos, basándose en la existencia de bienes a nombre de los padres del peticionante originariamente menor (la vivienda y un automotor Fiat). Ello puesto que como bien señala la doctrina, junto con la jurisprudencia local, lo que debe ser probado es la impotencia patrimonial del actor para hacer frente al juicio en particular. Dicha impotencia patrimonial, no implica que quien solicita el beneficio debe "carecer de bienes", sino que debe tener una gran dificultad o imposibilidad para afrontar los gastos que implica un juicio.Por ello, quien tiene un inmueble o un auto a su nombre, no necesariamente puede hacer frente a los gastos mencionados, sino que debe tener "liquidez" para poder hacerlo, sin importar si tiene bienes de capital o no.
Por todo lo expuesto, corresponde admitir el recurso de apelación, revocando la resolución recurrida en todas sus partes y hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos incoada por el Sr. G. A. M. C.Las costas del presente proceso se imponen a los vencidos codemandados Gilda Edith Gómez y Luciano M. Gulisano (art. 130 CPC), a cuyo fin los honorarios del letrado interviniente se regulan de conformidad a lo dispuesto por los arts. 36, 39, 40 y 83 inc. 2º, 2da. parte de la ley 9459.Por lo expuesto,
SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el peticionante, revocando en todas sus partes la resolución recurrida y en su mérito, hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos a favor del Sr. G. A. M. C. 2) Imponer las costas en ambas instancias a los codemandados vencidos (art. 130 CPC), y estimar los honorarios profesionales del Dr. Oscar Cascone por sus trabajos en la Alzada, en el . % de lo que se le regule en primera instancia, debiendo respetarse el mínimo legal (. jus).
Protocolícese, hágase saber y bajen.
Córdoba, 24 de agosto de dos mil once.
Y VISTOS: Los autos caratulados "C., O. A.- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS" (Expte. N° 1046693/36), para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del actor peticionante en contra del Auto Número Setecientos Cuarenta y Siete, del once de septiembre de dos mil ocho, dictado por el Sr. Juez de Primera Instancia y Vigésimo Séptima Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. José Luis García Sagues, que dispuso: ". 1) Desestimar la demanda de beneficio de litigar sin gastos. II) Imponer las costas al peticionante. III) Diferir la regulación de honorarios del profesional interviniente conforme a lo manifestado en el considerando respectivo. IV) Prot.".
Y CONSIDERANDO:
I.- Como primer agravio, el recurrente señala que es desacertada la decisión del A quo al considerar que no se encuentra acreditada la regularidad y permanencia del peticionante del beneficio como estudiante, al acompañar únicamente la primera hoja de la libreta de estudiante. Fundamenta dicha afirmación, sosteniendo que dicha hoja era la única que tenía al momento de solicitar el beneficio, y que el Juez debió solicitar que se acompañe completamente al resolver, como medida para mejor proveer, puesto que había sido ofrecida en su totalidad. Por ello, con más los testimonios de fs. 75 y 94, sumados a la encuesta ambiental, entiende que se encuentra acreditada la condición de estudiante de C.
Como segundo agravio, el apelante expresa que es incorrecta la afirmación del Juez cuando señala que los padres del peticionante ocultaron información con respecto a la situación patrimonial que tenían. Relata que eso no se condice con la prueba aportada, porque el padre del peticionante es "amo de casa", puesto que ha tenido una actividad comercial, la cual tuvo que pedir el cese en la municipalidad, conforme lo acredita a fs. 58, sin perjuicio de continuar inscripto en la DGR y en AFIP en el mismo rubro. Señala que la testimonial de fs.75, corrobora que el padre del peticionante se ocupa de las tareas de la casa, que el único ingreso es por parte de la madre (que es maestra) y que la testimonial de fs. 94, alcanza para probar que el padre hace changas en una pizzería. Agrega que de ambas testimoniales surge que son gente humilde, que no sale de vacaciones y que quien mantiene la casa es la madre con los ingresos que obtiene como maestra. Por último destaca que si hubieran querido ocultar la existencia de bienes, no habrían interrogado a los testigos sobre dicha circunstancia, pregunta que sí realizaron en la cuarta del pliego de fs. 11 vta.
Como tercer agravio, se agravia de lo manifestado por el A-quo cuando considera que se ha presentado al resto de la familia como neutros en cuanto al aporte económico, siendo que el recurrente señala que nada debía probarse en relación a los hermanos del actor por cuanto éstos no tienen ninguna obligación legal de soportar los gastos de justicia.
Bajo el acápite cuarto agravio, el apelante señala que lo agravia lo expresado por el Juez en el sentido que la situación patrimonial de los postulantes constituyó un secreto y que si los padres del peticionante tienen una casa y un auto Fiat viejo, puede que tengan patrimonio. Afirma que conforme las informativas de la DGR, los peticionantes no tienen bienes automotores a su nombre, y de la correspondiente al Registro General de la Provincia, tampoco inmuebles.
El quinto agravio apuntado por el apelante, gira en torno al argumento del Juez que afirmó que la encuesta ambiental fue hecha por un oficial de justicia que no se ocupó de observar lo que se presentaba a sus ojos ni hacer un relevamiento ambiental ni social.En este sentido, señala el recurrente que el oficial de justicia recabó la información necesaria, constatando que la casa es de clase media y que no tienen bienes suntuosos, sino sólo los indispensables.
Como sexto agravio, esgrime que han probado que el peticionante y sus padres no tienen medios para hacer frente al pago de gastos de justicia. Por último y como séptimo agravio, relata que todos los intervinientes en el trámite no se han opuesto a la concesión del beneficio.
Corrido el traslado a la codemandada Gilda Edith Gómez y al codemandado Luciano M. Gulisano, fueron contestados a fs. 224/227 y 230/233 respectivamente, a cuyos escritos nos remitimos por razones de brevedad.
II.- Por razones metodológicas, serán analizados los agravios del recurrente en el orden en que han sido expuestos en el escrito pertinente.En relación al primer agravio, sin perjuicio de ser desacertada la afirmación del recurrente en el sentido de que debió solicitarse como medida para mejor proveer que sea acompañada la libreta estudiantil completa, no es menos cierto, que las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 75 y 96, son contestes en sostener que el solicitante del beneficio de litigar sin gastos es un estudiante de medicina que se dedica únicamente a dicha actividad, sin trabajar. Así, a fs. 75, encontramos que el Sr. Aguat dice G., el hijo, estudia medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, es un chico muy aventajado, porque con veinte años cursa el tercer año de medicina, se dedica sólo al estudio, no trabaja, ni tiene ningún ingreso económico, lo sostiene la madre". En el mismo sentido, el Sr. Luis María Fierro, a fs. 96 señala "G. es estudiante de medicina, no tiene ningún ingreso económico, no trabaja, lo mantienen los padres". Los dichos de los testigos entonces, son contundentes en relación a probar la circunstancia de estudiante del peticionante y la falta de ingresos por no trabajar por dedicarse a dicha actividad.La falta de acreditación de la regularidad, no es obstáculo para considerar como probada dicha circunstancia con otras pruebas aportadas a la causa. En tal sentido, la primera hoja de la libreta estudiantil, aunque no sea contundente en relación a la regularidad universitaria, constituye un indicio suficiente, el cual acompañado de las testimoniales, que son coincidentes, alcanza a probar la situación argumentada por quien solicita el beneficio de litigar sin gastos. Es por ello, que el primer agravio debe ser recibido.
En relación al resto de los agravios, es dable traer a colación, el reciente fallo de la Excma. Cámara Quinta de Apelaciones de la Provincia de Córdoba en autos "L.G.M., - Beneficio de Litigar Sin Gastos" (Expte. N° 890970/36), donde mediante Auto Número Ciento Cincuenta y Seis del veinte de mayo de dos mil once, se dijo que: "Aquí se presenta la situación de una demanda de daños y perjuicios incoada por los padres de un menor, en su carácter de representantes legales del mismo, y se ha solicitado el beneficio de litigar sin gastos porque el menor carece de recursos propios para afrontar los gastos del proceso. Según el criterio de la resolución dictada por el señor Juez a quo, los citados gastos deben ser solventados por los padres, por lo que las condiciones para acceder al beneficio deben probarse en cabeza de los mismos, atendiendo a que de la interpretación de la ley civil, en cuanto se refiere a la defensa de los derechos de los menores y a que la promoción del presente litigio se enmarca dentro de los deberes que impone la patria potestad, por lo que se concluye en la responsabilidad de los padres por los gastos que genere su accionar.En otros términos, el tribunal a quo establece que, siendo que los padres están obligados a accionar en defensa de sus hijos menores en virtud de la patria potestad, necesariamente deben tomar a su cargo, de manera personal, los costos del proceso, ya que existe una "ligazón inescindible" entre este deber de accionar con la obligación de asumir las costas judiciales, por comportar el aspecto material del deber de asistencia debido por los padres. En realidad, no comprendo la afirmación del sentenciante, máxime cuando se acciona en nombre de otro. No hay ninguna motivación racional para deducir que del deber de accionar se deriva el deber de pagar, principalmente si se tiene en cuenta que se acciona en virtud de una representación (convencional o legal), en cuyo caso quien debe asumir los costos del proceso es el representado (en cuyo interés se actúa) y no el representante (a quien no le corresponde asumir las consecuencias económicas y jurídicas de los actos realizados en ejercicio de la representación). Los fundamentos del señor Juez a quo se refieren a otras cuestiones, derivando a los padres el deber de asumir las costas de los fines de la patria potestad, del concepto de "asistencia", de la composición de la obligación alimentaria, del poder de dirección de los padres respecto de la acción promovida, de las conjeturas o elucubraciones que los padres debieron hacer para decidirse a accionar; llegando, para justificar su aserto, a ingresar al concepto de "asistencia" (integrativo del concepto de alimento), relacionándolo genéricamente con los fines de la patria potestad. No hay disposición legal alguna que disponga que todo deber u obligación impuesto a los padres en el marco de la patria potestad debe ser correlativamente asumido con el patrimonio propio.Por el contrario, el régimen legal regula el deber de los padres para con sus hijos menores a partir de la obligación alimentaria, pues el art.265 del Código Civil dispone que los padres están obligados a "alimentar" a sus hijos con sus bienes propios, agregando el art. 267 que "La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad"- La Cámara Séptima de Apelaciones en lo Civil y Comercial de nuestra Ciudad, al comentar esta última norma, nos dice que dicha obligación y el derecho a ejercer la defensa de los intereses del menor no implica que las masas patrimoniales deban confundirse. Una cosa es la obligación alimentaria y los gastos de educación y otra es la defensa de los intereses jurídicos el menor".
No se debe confundir la situación patrimonial de los padres de un menor, con la del menor en particular. Es que en el caso de autos, quien acciona es el menor (en este momento mayor de edad), por lo que la situación patrimonial que debe contrastarse con el gasto a realizarse para afrontar el juicio es la del hijo de los originariamente peticionantes que sólo actuaron en representación del mismo (G. C.).
Asimismo, no se puede rechazar un beneficio de litigar sin gastos, fundándose en que los padres y los hermanos del solicitante trabajan y generan ingresos, puesto que la imposibilidad patrimonial de pagar los gastos, debe ser la personal del peticionante del beneficio, sin perjuicio de que sea representado por sus padres a los fines de realizar los trámites correspondientes.
En igual sentido se pronunció la Excelentísima Cámara Quinta en el precedente mencionado, señalando que "En nuestro sistema legal -como dijimos anteriormente- no existe el deber de afrontar personalmente las costas judiciales del mero hecho de la representación legal.Lo mismo que en la representación de las personas jurídicas, en la tutela, en la curatela y en el mismo contrato de mandato -donde el representante esta obligado a iniciar juicios en salvaguarda de los intereses del representado- pasa en la patria potestad, en donde la representación en juicio que ejercen los padres de sus hijos menores obedece solo a la incapacidad de éstos; no imponiéndole a aquellos que asuman el costo económico de esa actividad.Por eso una cosa es que la representación legal de la que están investidos los padres (art.57 del Código Civil) y otra su eventual responsabilidad porque puedan incurrir en una mala gestión de los intereses de sus hijos. De otro modo se estaría trasladando a los representantes legales una obligación sin que exista causa que lo justifique. Y tampoco puede sustentarse en los deberes dimanantes de la patria potestad, pues si bien una de las funciones relevantes de la patria potestad es la representación de los hijos menores (art. 274 del Código Civil), ello no significa imponerles "ab initio" una responsabilidad como la que pretenden los actores. Y por último debe tenerse presente que la representación legal de los padres se rige por las disposiciones del título del mandato (art.1870, inc.1º Código Civil), en donde los representantes no quedan personalmente obligados siempre que lo hubiesen hecho de acuerdo a los términos de su obligación (art. l946 cod.cit.), ya que los actos realizados, como las obligaciones contraídas, en los límites de sus poderes, son considerados como hechos personalmente por el representado (art. 1946 cod.cit.).
El Tribunal a quo ha entendido que la obligación que le exige a los padres se encuentra incluida en el concepto de "asistencia" del art.267 del Cod. Civil, ya que es necesario interpretar con amplitud esta noción, teniendo en cuenta los fines de la patria potestad.Consideramos que ello no es así, ya que de la lectura de dicha norma surge que la obligación literalmente comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad; términos éstos que tienen un significado concreto e inequívoco y que nada tienen que ver con las costas y gastos de justicia. Y si el alimentante debe soportar el pago de la deudas que el alimentado hubiera contraído, sólo se aceptan aquellas que fueran contraídas con el fin de inversión en alimentos. Una cosa es la obligación alimentaria y los gastos de educación y otras muy distinta la defensa de los intereses judiciales del menor referida a los derechos hereditarios que le corresponden. La correcta interpretación de la ley permite entender que, para otorgar el beneficio que nos ocupa, sólo corresponde evaluar la situación patrimonial del menor. La responsabilidad por el pago de las costas judiciales (comprensiva de tributos, aportes previsionales y colegiales y honorarios profesionales) le compete exclusivamente a las partes del juicio. Por otro lado, los gastos de alimentos son habituales, mientras que los de justicia son excepcionales. Aquéllos no pueden ser evitados, ya que de ellos depende la subsistencia del menor. Los gastos extraordinarios, como los de justicia, pueden encauzarse por medio de institutos como el beneficio de litigar sin gastos y la asistencia letrada gratuita, que también satisfacen las necesidades inherentes a la defensa judicial.".
En este sentido entonces, no corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos, basándose en la existencia de bienes a nombre de los padres del peticionante originariamente menor (la vivienda y un automotor Fiat). Ello puesto que como bien señala la doctrina, junto con la jurisprudencia local, lo que debe ser probado es la impotencia patrimonial del actor para hacer frente al juicio en particular. Dicha impotencia patrimonial, no implica que quien solicita el beneficio debe "carecer de bienes", sino que debe tener una gran dificultad o imposibilidad para afrontar los gastos que implica un juicio.Por ello, quien tiene un inmueble o un auto a su nombre, no necesariamente puede hacer frente a los gastos mencionados, sino que debe tener "liquidez" para poder hacerlo, sin importar si tiene bienes de capital o no.
Por todo lo expuesto, corresponde admitir el recurso de apelación, revocando la resolución recurrida en todas sus partes y hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos incoada por el Sr. G. A. M. C.Las costas del presente proceso se imponen a los vencidos codemandados Gilda Edith Gómez y Luciano M. Gulisano (art. 130 CPC), a cuyo fin los honorarios del letrado interviniente se regulan de conformidad a lo dispuesto por los arts. 36, 39, 40 y 83 inc. 2º, 2da. parte de la ley 9459.Por lo expuesto,
SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el peticionante, revocando en todas sus partes la resolución recurrida y en su mérito, hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos a favor del Sr. G. A. M. C. 2) Imponer las costas en ambas instancias a los codemandados vencidos (art. 130 CPC), y estimar los honorarios profesionales del Dr. Oscar Cascone por sus trabajos en la Alzada, en el . % de lo que se le regule en primera instancia, debiendo respetarse el mínimo legal (. jus).
Protocolícese, hágase saber y bajen.
Zaffaroni: "Enseñarle a vivir en libertad a alguien encerrándolo es absurdo"
El ministro de la Corte Suprema criticó así la detención de personas que cometen delitos menores. "La cárcel fija roles desviados", advirtió y remarcó que "es un milagro que cuando salgan no reincidan"
El juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni se manifestó en contra de la detención de personas que hayan cometido delitos menores al advertir que "la cárcel fija roles desviados".
"Enseñarle a vivir en libertad a alguien encerrándolo es absurdo", indicó el magistrado en declaraciones radiales, para luego afirmar que "la cárcel fija roles desviados".
Zaffaroni consideró que, como alternativa, a los juzgados por delitos leves "se les puede ofrecer la posibilidad de cambiar su autoestima y su autopercepción".
"Alguien entra en la cárcel y entra en una categorización", opinó el reconocido constitucionalista, que también afirmó que "se da una jerarquización dentro de la cárcel y durante todos los años que está adentro tiene que responder a una demanda de rol de los otros."
"Es un milagro que cuando salgan no reincidan", acotó.
El juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni se manifestó en contra de la detención de personas que hayan cometido delitos menores al advertir que "la cárcel fija roles desviados".
"Enseñarle a vivir en libertad a alguien encerrándolo es absurdo", indicó el magistrado en declaraciones radiales, para luego afirmar que "la cárcel fija roles desviados".
Zaffaroni consideró que, como alternativa, a los juzgados por delitos leves "se les puede ofrecer la posibilidad de cambiar su autoestima y su autopercepción".
"Alguien entra en la cárcel y entra en una categorización", opinó el reconocido constitucionalista, que también afirmó que "se da una jerarquización dentro de la cárcel y durante todos los años que está adentro tiene que responder a una demanda de rol de los otros."
"Es un milagro que cuando salgan no reincidan", acotó.
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