La Corte presenta el mapa de la Justicia Federal de la República Argentina
Link http://www.csjn.gov.ar/dbei/ii/cf/mapa.html
Fue realizado por el Instituto de Investigaciones del Máximo Tribunal. Es la primera vez que se sistematiza la información y se plasma en un mapa judicial interactivo. Permite a los ciudadanos acceder a la información sobre causas iniciadas y resueltas
miércoles, 30 de mayo de 2012
La Corte Suprema de Justicia Argentina se expidió sobre la causa GRUPO CLARIN SA.
Ley de medios: la Corte precisó el plazo de vigencia de la medida que suspendió el artículo 161
El Tribunal se pronunció en la causa "Grupo Clarín SA y otros sobre medidas cautelares". Dijo que las medidas cautelares son resoluciones jurisdiccionales precarias y no pueden sustituir la solución de fondo porque afectan la seguridad jurídica
Por decisión unánime, firmada por Lorenzetti, Highton, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni, el Tribunal dispuso mantener la cautelar que había suspendido la aplicación del artículo 161 de la ley 26522, con el plazo de treinta y seis meses que había dispuesto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, pero contados a partir de la fecha del dictado de la medida, con lo cual esta deja de estar vigente el 7 de diciembre de 2012.
La Corte advirtió que, habiendo vencido el plazo del art. 161 de la ley 26.522 el día 28 de diciembre de 2011, por efecto de la finalización de la cautelar, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26522 con respecto a la actora.
La Corte recordó que las medidas cautelares son resoluciones jurisdiccionales precarias, no definitivas. Y señaló que cuando las cautelares se hacen ordinarias y sustituyen a la sentencia definitiva, se crea un derecho precario, lo que constituye una lesión al objetivo de afianzar la Justicia señalado en el Preámbulo de la Constitución Nacional.
I) Hechos
• El Grupo Clarín S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino, Cablevisión S.A., Multicanal S.A., Radio Mitre S.A. y Teledigital Cable S.A. solicitaron el 1º de octubre de 2009 una medida cautelar para suspender el tratamiento legislativo de la ley de medios. El Juez Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nº 1 rechazó el pedido por resolución del 9 de octubre de 2009.
• En el mismo expediente se pidió, con fecha 26 de octubre de 2009, una nueva cautelar ante la sanción de la ley 26.522. El Juez hizo lugar a la medida suspendiendo la aplicación de los arts. 41 y 161 de la ley 26.522.
• El Estado Nacional apeló la medida ante la Sala Uno de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la que confirmó la medida sólo respecto del artículo 161 de la ley 26.522.
• El Estado Nacional interpuso el 5 de octubre de 2010 un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue desestimado por falta de sentencia definitiva. No obstante, en el voto de los jueces Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda y Zaffaroni, se consideró conveniente la fijación de un límite temporal razonable para la medida cautelar.
• El 9 de noviembre de 2010, el Juez de primera instancia desestimó la fijación de un plazo.
• La Cámara de Apelaciones, mediante sentencia del 12 de mayo de 2011 impuso un plazo de 36 meses para la vigencia de la cautelar, contados desde la notificación de la demanda.
• El Estado Nacional interpuso recurso extraordinario, cuya denegación motivó la presentación de la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la revocación de la cautelar.
• El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, emitió su dictamen el 19 de diciembre de 2011, en el que se pronunció por la revocación de la medida cautelar.
II) Argumentos de la Corte Suprema
• Considera que la medida cautelar debe mantenerse porque ya se ha dictado sentencia de la Corte en esta misma causa y en el mismo sentido con fecha 5 de octubre de 2010.
• Que dicha cautelar no afecta de ningún modo la aplicación general de la ley 26.522.
• Que el plazo de treinta y seis meses fijado por la Cámara no resulta irrazonable y se ajusta a los tiempos que insume la vía procesal intentada.
• Que el plazo previsto en el artículo 161 fue prorrogado por la propia Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (resoluciones 297/10 y 1295/11) y las licitaciones fueron suspendidas, lo cual contradice en gran medida la afectación que dice sufrir como consecuencia de la decisión de fijación del plazo.
• Conforme a las resoluciones mencionadas, dicho plazo legal venció el 28 de diciembre de 2011, pero no se aplicó a la actora como consecuencia de la medida dictada por el Juez.
• Que el plazo de la cautelar no puede contarse a partir de la notificación de la demanda, sino desde la notificación de la cautelar. Los datos a tener en cuenta son los siguientes:
• La medida cautelar fue ordenada el 7 de diciembre de 2009.
• La actora promovió la demanda, el 4 de febrero de 2010, al “único efecto de evitar la caducidad de la medida cautelar”. Sin embargo, requirió que no se dispusiera correr traslado y que se reservara el escrito en secretaría; además, formuló expresa reserva de su derecho a ampliar la presentación (fs. 1323/1324).
• Sólo ante la orden dada por el juez con fecha 22 de abril de 2010 se produjo la ampliación de la demanda, lo que ocurrió el 6 de mayo de 2010.
• La demanda fue notificada el 17 de noviembre de 2010.
• Es decir que, si bien las actoras obtuvieron una medida cautelar el 7 de diciembre de 2009 y promovieron la demanda el 4 de febrero de 2010, recién procedieron a notificarla el 17 de noviembre de ese año. De manera que, entre el dictado de la medida precautoria y la notificación de la demanda transcurrió un año, por la sola voluntad de las peticionarias, lo cual resultaría demostrativo de un interés más centrado en lo provisional que en la resolución definitiva del pleito.
• Que no puede dejarse en manos de la parte beneficiada por la medida cautelar el momento en que debe comenzar el cómputo de razonabilidad de su vigencia, porque se daría lugar a especulaciones procesales que no sólo resultan incompatibles con la buena fe que debe guiar a las partes en el proceso, sino que afectan seriamente la seguridad jurídica.
• Tanto los jueces como los litigantes deben perseguir la resolución definitiva de la controversia.
• No es posible tolerar que, a partir de la obtención de medidas cautelares una de las partes pueda desentenderse de la marcha del proceso principal o prolongar artificialmente su duración, ya que ello constituye un supuesto de ejercicio contrario a los fines de lo que la ley tuvo en miras al reconocer este tipo de medidas.
• Recuerda la Corte que las cautelares son resoluciones jurisdiccionales precarias, nunca definitivas. Señala que cuando las cautelares se hacen ordinarias y sustituyen a la sentencia definitiva, se crea un derecho precario, lo que constituye una lesión al objetivo de afianzar la justicia señalado en el propio Preámbulo de la Constitución Nacional.
• Es deber de las partes y del Juez solucionar el conflicto de modo definitivo en un tiempo razonable y no buscar soluciones provisorias que se transforman en definitivas.
• La Corte distingue las cautelares como tutela urgente de los derechos fundamentales de aquellos casos meramente patrimoniales en las que se demanda al Estado. En estas últimas no está en duda la solvencia y por lo tanto no puede haber una excesiva prolongación.
• Que la propia actora ubica el caso dentro del derecho de defensa de la competencia. Dice que el daño que le causa la aplicación del artículo 161 es la pérdida de licencias que le han sido concedidas y que la obliga a vender activos que detalla. Es decir, una cuestión de organización del mercado que existe en todo el derecho comparado y de naturaleza exclusivamente patrimonial.
• Que en cuanto a la protección de la libertad de expresión, esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia. Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Más aún, en los escritos de la recurrente no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión.
Decisión
1) Se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario federal y se confirma la sentencia apelada en cuanto rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar y fijó su plazo de vigencia en treinta y seis meses.
2) Que el plazo de 36 meses de la cautelar se cuenta a partir del 7 de diciembre de 2009 y vence el 7 de diciembre de 2012.
3) Que el plazo previsto en el art. 161 de la ley 26.522 venció el día 28 de diciembre de 2011 conforme surge de la reglamentación de la ley.
4) En consecuencia, estando vencido el plazo legal, y por efecto de la finalización de la cautelar, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26522 con respecto a la actora.
Informe de Prensa Nº38 Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
El Tribunal se pronunció en la causa "Grupo Clarín SA y otros sobre medidas cautelares". Dijo que las medidas cautelares son resoluciones jurisdiccionales precarias y no pueden sustituir la solución de fondo porque afectan la seguridad jurídica
Por decisión unánime, firmada por Lorenzetti, Highton, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni, el Tribunal dispuso mantener la cautelar que había suspendido la aplicación del artículo 161 de la ley 26522, con el plazo de treinta y seis meses que había dispuesto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, pero contados a partir de la fecha del dictado de la medida, con lo cual esta deja de estar vigente el 7 de diciembre de 2012.
La Corte advirtió que, habiendo vencido el plazo del art. 161 de la ley 26.522 el día 28 de diciembre de 2011, por efecto de la finalización de la cautelar, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26522 con respecto a la actora.
La Corte recordó que las medidas cautelares son resoluciones jurisdiccionales precarias, no definitivas. Y señaló que cuando las cautelares se hacen ordinarias y sustituyen a la sentencia definitiva, se crea un derecho precario, lo que constituye una lesión al objetivo de afianzar la Justicia señalado en el Preámbulo de la Constitución Nacional.
I) Hechos
• El Grupo Clarín S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino, Cablevisión S.A., Multicanal S.A., Radio Mitre S.A. y Teledigital Cable S.A. solicitaron el 1º de octubre de 2009 una medida cautelar para suspender el tratamiento legislativo de la ley de medios. El Juez Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nº 1 rechazó el pedido por resolución del 9 de octubre de 2009.
• En el mismo expediente se pidió, con fecha 26 de octubre de 2009, una nueva cautelar ante la sanción de la ley 26.522. El Juez hizo lugar a la medida suspendiendo la aplicación de los arts. 41 y 161 de la ley 26.522.
• El Estado Nacional apeló la medida ante la Sala Uno de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la que confirmó la medida sólo respecto del artículo 161 de la ley 26.522.
• El Estado Nacional interpuso el 5 de octubre de 2010 un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue desestimado por falta de sentencia definitiva. No obstante, en el voto de los jueces Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda y Zaffaroni, se consideró conveniente la fijación de un límite temporal razonable para la medida cautelar.
• El 9 de noviembre de 2010, el Juez de primera instancia desestimó la fijación de un plazo.
• La Cámara de Apelaciones, mediante sentencia del 12 de mayo de 2011 impuso un plazo de 36 meses para la vigencia de la cautelar, contados desde la notificación de la demanda.
• El Estado Nacional interpuso recurso extraordinario, cuya denegación motivó la presentación de la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la revocación de la cautelar.
• El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, emitió su dictamen el 19 de diciembre de 2011, en el que se pronunció por la revocación de la medida cautelar.
II) Argumentos de la Corte Suprema
• Considera que la medida cautelar debe mantenerse porque ya se ha dictado sentencia de la Corte en esta misma causa y en el mismo sentido con fecha 5 de octubre de 2010.
• Que dicha cautelar no afecta de ningún modo la aplicación general de la ley 26.522.
• Que el plazo de treinta y seis meses fijado por la Cámara no resulta irrazonable y se ajusta a los tiempos que insume la vía procesal intentada.
• Que el plazo previsto en el artículo 161 fue prorrogado por la propia Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (resoluciones 297/10 y 1295/11) y las licitaciones fueron suspendidas, lo cual contradice en gran medida la afectación que dice sufrir como consecuencia de la decisión de fijación del plazo.
• Conforme a las resoluciones mencionadas, dicho plazo legal venció el 28 de diciembre de 2011, pero no se aplicó a la actora como consecuencia de la medida dictada por el Juez.
• Que el plazo de la cautelar no puede contarse a partir de la notificación de la demanda, sino desde la notificación de la cautelar. Los datos a tener en cuenta son los siguientes:
• La medida cautelar fue ordenada el 7 de diciembre de 2009.
• La actora promovió la demanda, el 4 de febrero de 2010, al “único efecto de evitar la caducidad de la medida cautelar”. Sin embargo, requirió que no se dispusiera correr traslado y que se reservara el escrito en secretaría; además, formuló expresa reserva de su derecho a ampliar la presentación (fs. 1323/1324).
• Sólo ante la orden dada por el juez con fecha 22 de abril de 2010 se produjo la ampliación de la demanda, lo que ocurrió el 6 de mayo de 2010.
• La demanda fue notificada el 17 de noviembre de 2010.
• Es decir que, si bien las actoras obtuvieron una medida cautelar el 7 de diciembre de 2009 y promovieron la demanda el 4 de febrero de 2010, recién procedieron a notificarla el 17 de noviembre de ese año. De manera que, entre el dictado de la medida precautoria y la notificación de la demanda transcurrió un año, por la sola voluntad de las peticionarias, lo cual resultaría demostrativo de un interés más centrado en lo provisional que en la resolución definitiva del pleito.
• Que no puede dejarse en manos de la parte beneficiada por la medida cautelar el momento en que debe comenzar el cómputo de razonabilidad de su vigencia, porque se daría lugar a especulaciones procesales que no sólo resultan incompatibles con la buena fe que debe guiar a las partes en el proceso, sino que afectan seriamente la seguridad jurídica.
• Tanto los jueces como los litigantes deben perseguir la resolución definitiva de la controversia.
• No es posible tolerar que, a partir de la obtención de medidas cautelares una de las partes pueda desentenderse de la marcha del proceso principal o prolongar artificialmente su duración, ya que ello constituye un supuesto de ejercicio contrario a los fines de lo que la ley tuvo en miras al reconocer este tipo de medidas.
• Recuerda la Corte que las cautelares son resoluciones jurisdiccionales precarias, nunca definitivas. Señala que cuando las cautelares se hacen ordinarias y sustituyen a la sentencia definitiva, se crea un derecho precario, lo que constituye una lesión al objetivo de afianzar la justicia señalado en el propio Preámbulo de la Constitución Nacional.
• Es deber de las partes y del Juez solucionar el conflicto de modo definitivo en un tiempo razonable y no buscar soluciones provisorias que se transforman en definitivas.
• La Corte distingue las cautelares como tutela urgente de los derechos fundamentales de aquellos casos meramente patrimoniales en las que se demanda al Estado. En estas últimas no está en duda la solvencia y por lo tanto no puede haber una excesiva prolongación.
• Que la propia actora ubica el caso dentro del derecho de defensa de la competencia. Dice que el daño que le causa la aplicación del artículo 161 es la pérdida de licencias que le han sido concedidas y que la obliga a vender activos que detalla. Es decir, una cuestión de organización del mercado que existe en todo el derecho comparado y de naturaleza exclusivamente patrimonial.
• Que en cuanto a la protección de la libertad de expresión, esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia. Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Más aún, en los escritos de la recurrente no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión.
Decisión
1) Se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario federal y se confirma la sentencia apelada en cuanto rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar y fijó su plazo de vigencia en treinta y seis meses.
2) Que el plazo de 36 meses de la cautelar se cuenta a partir del 7 de diciembre de 2009 y vence el 7 de diciembre de 2012.
3) Que el plazo previsto en el art. 161 de la ley 26.522 venció el día 28 de diciembre de 2011 conforme surge de la reglamentación de la ley.
4) En consecuencia, estando vencido el plazo legal, y por efecto de la finalización de la cautelar, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26522 con respecto a la actora.
Informe de Prensa Nº38 Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
martes, 29 de mayo de 2012
Laboralistas preocupados por las vacantes del fuero
Es un artículo que salió en Diario Judicial
Los abogados laboralistas manifestaron su preocupación por las vacantes existentes en primera instancia en el fuero del Trabajo. Hace dos años que las ternas para 17 vacantes se encuentran en manos del Poder Ejecutivo. “Se encuentra en algún cajón ‘mal guardado’”, sostuvieron desde la Asociación de Abogados Laboralistas. Es el fuero con más vacantes a cubrir.
La Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) denunció el retraso en la cobertura de vacantes en los juzgados de primera instancia del fuero laboral. Actualmente en esa instancia existen 33 vacantes a cubrir, aunque en manos del Poder Ejecutivo existe la terna enviada por el Consejo en un concurso para nombrar a 17 de esos jueces.
El documento, firmado por el presidente de la entidad, Guillermo Pajoni, y el secretario general, Fernando Nuguer; consigna que el concurso 185, destinado en un principio para cubrir 13 vacantes pero que fue acumulando otras hasta llegar a 17 fue convocado en el 2007, hace cinco años.
En mayo del 2010, el Consejo de la Magistratura elevó la terna en este concurso al Ministerio de Justicia y desde entonces “el concurso no tiene movimiento”. “O sea que hace dos años, luego de un concurso que en el Consejo de la Magistratura llevó casi tres años, el expediente en cuestión se encuentra en algún cajón ‘mal guardado’”, explicó la entidad.
Asimismo, detallan que en la actualidad en el fuero laboral hay 33 juzgados vacantes lo que “ha significado en estos años que haya ochenta mil expedientes en trámite (sin sentencia) y ochenta y nueve mil causas en ejecución. Desde marzo de 2006 a la fecha se han triplicado la cantidad de expedientes sin resolver y contamos con el raro privilegio de ser el fuero con mayor cantidad de vacancias de jueces”, sostienen.
Días atrás en un reportaje brindado a DiarioJudicial.com, el presidente de la Cámara Laboral, Luis Catardo, sostuvo al respecto que “hay conversaciones que nos dicen que esos pliegos podrían salir antes de mitad de año” aunque manifestó su preocupación porque “un 40% de jueces que integran el fuero que no están nombrados todavía”.
“Este (no) proceder, más allá de razones que ignoramos, significa de hecho la NO JUSTICIA, y una grosera violación de nuestra Constitución Nacional”, argumentan desde la AAL concluyendo: “Es evidente que los funcionarios incumplen con las obligaciones a su cargo y su conducta es absolutamente reprochable y por tanto nos reservamos los derechos para accionar por la vía pertinente”.
También detallaron que en marzo pasado enviaron al ministro de Justicia, Julio Alak, una nota en la que solicitaban una reunión para poder dialogar sobre esta situación. “Ni siquiera hemos recibido una respuesta negativa” ya que “directamente a la fecha se ha ignorado nuestro requerimiento”, explicaron.
Aquella terna remitida por el Consejo de la Magistratura al Ejecutivo en mayo del 2010 para los 17 cargos vacantes se encuentra integrada por Analía Viganó, Raul Ojeda, María D’Agnillo, Ana Otero, Yolanda Scheidegger de Lázzari, Elio Plaisant, José Ramonet, Liliana González, Emilce Leda Sellerio, Graciela Pereira, Laura Papo, José Bayle, Ricardo Hierrezuelo, Alicia D’Alessandro, Marta Rey de Piccioni, Santiago Zarza, Azucena Ragusa, Sandra Fernández Rocha, Silvia Santos, Graciela Avallone, Mariano Candal, Jorge Cassina, Silvia Garay, Claudio Campeotto y María Rosón.
martes, 25 de octubre de 2011
Imperdible! Entrevista al Dr. Gustavo Bruzzone. Presidente de la Cámara del Crimen, por DIARIO JUDICIAL
http://www.diariojudicial.com.ar/reportajes/La-gran-revolucion-se-va-a-dar-cuando-las-leyes-de-organizacion-judicial-se-modifiquen-20110801-0035.html
....El tema Chabán puso en el tapete el tema de la libertad durante el proceso porque que se encuentra en libertad ya que la sentencia no está firme. ¿Está bien que esto se aplique como regla general o que se maneje tal y como se hace actualmente?
Yo no tengo ninguna duda de que las personas que se encuentran imputadas de haber cometido algún delito, recién puedan encontrarse efectivamente privadas de la libertad una vez que son condenadas con sentencia en autoridad de cosa juzgada. Acá los factores que juegan son otros. Si una persona evidencia que no va a comparecer al proceso o si se encuentra en libertad puede poner en riesgo la averiguación de la verdad porque puede destruir pruebas o intimidad a testigos, me parece que en ese sentido si hay que restringir libertad. Pero en principio, una persona imputada de haber cometido un delito, tiene que estar en libertad hasta que se lo condene. Esto fue lo que ocurrió con Chabán y en otros casos, y que es hoy jurisprudencia plenaria de la Cámara de Casación Penal en el fallo “Díaz Bessone” donde estos postulados se establecieron de esa manera. Tenemos que seguir revisando porque por ejemplo cuando decimos que en un asunto no exista peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, y aunque hemos avanzado en evitar que mucha gente privada de su libertad inocente se mantenga en detención, lo cierto es que no sabemos bien qué quiere decir "peligro de fuga" o "entorpecimiento de la investigación". La jurisprudencia viene construyendo parámetros objetivos para tratar de saber cuándo nos encontramos en una situación u otra y la casuística es la que determina que los jueces vayan determinando en un caso y otro cómo lo tienen que hacer. El problema que tenemos en materia de encarcelamiento preventivo tiene que ver con la presencia del sujeto en el proceso y cómo se controla todo esto. También tiene que ver con la velocidad que tiene el proceso. Vuelvo a las leyes de organización, hay un problema muy serio en la organización del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal que es su ley de organización. Los fiscales, como los defensores, son diferentes en las diferentes atapas del proceso. Tanto el Procurador General, Esteban Righi, como la Defensora Oficial, Stella Maris Martinez, tratan de resolver esto de otra manera, organizando de otra forma. Pero lo que hay que romper es con esa regla de organización porque hay gente que podría ya estar en condiciones de ser condenada, pero igualmente seguimos avanzando con un proceso, cuando podría estar resulta la situación antes si los operadores del sistema pudieran resolver el caso antes. ¿Qué pienso yo de esta doctrina? Esa doctrina, constatando que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación, sí, yo considero que es la correcta y se tiene que seguir aplicando.
¿Cuánto influyen las “presiones mediáticas” en la tarea del juez?
Si uno habla de independencia del Poder Judicial, uno generalmente piensa en la independencia en relación a los otros poderes del Estado. Eso es un concepto clásico. Hay otro concepto de independencia que es el de independencia interna en el Poder Judicial. Es decir, un juez de instrucción que me preguntara a mí qué tiene que hacer en una causa o que yo le preguntara a los de Casación y que ellos le preguntaran a la Corte qué tienen que hacer. Son dos niveles de independencia, la interna y la externa. A su vez hay una cuestión de independencia que tiene que ver con los otros factores de poder del país. Yo no conocí nunca un funcionario del Poder Ejecutivo, donde se presente y le diga a un funcionario judicial que resuelva de tal manera o de tal otra. Puede ocurrir, ha ocurrido, se puede llegar a dar, pero no es común que esto pase. Sí lo que existe, y de manera muy intensa, es que los jueces se vean expuestos a la crítica que pueden realizar los medios de comunicación radiales, televisivos, escritos, etc. Esto sí genera presión. ¿Hasta dónde incide?, incide de acuerdo a casa uno, pero claro que incide. Los jueces no son marcianos que viven adentro de una burbuja y que salen a resolver cosas y luego vuelven. Están en sus comunidades, viven en departamentos, se reúnen en clubes, tienen la vida social que puede tener cualquiera y van sintiendo presiones y la presión de los medios también. Las críticas de los medios son legítimas en algunos casos, legítimas desde el punto de vista de la libertad de expresión, yo puedo pensar y decir que están equivocados en lo que están diciendo o la línea que tienen para describir la realidad. Por ejemplo, el periodismo es el que ha inventado el concepto de "garantistas" y yo no sé cuáles son los que están enfrente. Serán los "garanticidas", los que no quieren que las garantías se cumplan. Pero pareciera que hay una discusión que no tiene sentido, porque todo aquel que se ve sometido al sistema penal, incluso los periodistas, deberían querer tener frente a sí jueces que no se vieran presionados por factores externos sino solamente por lo que tiene que ser, las pruebas que pueda haber respecto de la responsabilidad de una persona y el derecho de aplicación al caso que se ha hecho en forma correcta. Convivimos con eso. Muchas veces el periodismo opera sobre un factor muy aleatorio que es el resultado que se pueda producir.
....El tema Chabán puso en el tapete el tema de la libertad durante el proceso porque que se encuentra en libertad ya que la sentencia no está firme. ¿Está bien que esto se aplique como regla general o que se maneje tal y como se hace actualmente?
Yo no tengo ninguna duda de que las personas que se encuentran imputadas de haber cometido algún delito, recién puedan encontrarse efectivamente privadas de la libertad una vez que son condenadas con sentencia en autoridad de cosa juzgada. Acá los factores que juegan son otros. Si una persona evidencia que no va a comparecer al proceso o si se encuentra en libertad puede poner en riesgo la averiguación de la verdad porque puede destruir pruebas o intimidad a testigos, me parece que en ese sentido si hay que restringir libertad. Pero en principio, una persona imputada de haber cometido un delito, tiene que estar en libertad hasta que se lo condene. Esto fue lo que ocurrió con Chabán y en otros casos, y que es hoy jurisprudencia plenaria de la Cámara de Casación Penal en el fallo “Díaz Bessone” donde estos postulados se establecieron de esa manera. Tenemos que seguir revisando porque por ejemplo cuando decimos que en un asunto no exista peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, y aunque hemos avanzado en evitar que mucha gente privada de su libertad inocente se mantenga en detención, lo cierto es que no sabemos bien qué quiere decir "peligro de fuga" o "entorpecimiento de la investigación". La jurisprudencia viene construyendo parámetros objetivos para tratar de saber cuándo nos encontramos en una situación u otra y la casuística es la que determina que los jueces vayan determinando en un caso y otro cómo lo tienen que hacer. El problema que tenemos en materia de encarcelamiento preventivo tiene que ver con la presencia del sujeto en el proceso y cómo se controla todo esto. También tiene que ver con la velocidad que tiene el proceso. Vuelvo a las leyes de organización, hay un problema muy serio en la organización del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal que es su ley de organización. Los fiscales, como los defensores, son diferentes en las diferentes atapas del proceso. Tanto el Procurador General, Esteban Righi, como la Defensora Oficial, Stella Maris Martinez, tratan de resolver esto de otra manera, organizando de otra forma. Pero lo que hay que romper es con esa regla de organización porque hay gente que podría ya estar en condiciones de ser condenada, pero igualmente seguimos avanzando con un proceso, cuando podría estar resulta la situación antes si los operadores del sistema pudieran resolver el caso antes. ¿Qué pienso yo de esta doctrina? Esa doctrina, constatando que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación, sí, yo considero que es la correcta y se tiene que seguir aplicando.
¿Cuánto influyen las “presiones mediáticas” en la tarea del juez?
Si uno habla de independencia del Poder Judicial, uno generalmente piensa en la independencia en relación a los otros poderes del Estado. Eso es un concepto clásico. Hay otro concepto de independencia que es el de independencia interna en el Poder Judicial. Es decir, un juez de instrucción que me preguntara a mí qué tiene que hacer en una causa o que yo le preguntara a los de Casación y que ellos le preguntaran a la Corte qué tienen que hacer. Son dos niveles de independencia, la interna y la externa. A su vez hay una cuestión de independencia que tiene que ver con los otros factores de poder del país. Yo no conocí nunca un funcionario del Poder Ejecutivo, donde se presente y le diga a un funcionario judicial que resuelva de tal manera o de tal otra. Puede ocurrir, ha ocurrido, se puede llegar a dar, pero no es común que esto pase. Sí lo que existe, y de manera muy intensa, es que los jueces se vean expuestos a la crítica que pueden realizar los medios de comunicación radiales, televisivos, escritos, etc. Esto sí genera presión. ¿Hasta dónde incide?, incide de acuerdo a casa uno, pero claro que incide. Los jueces no son marcianos que viven adentro de una burbuja y que salen a resolver cosas y luego vuelven. Están en sus comunidades, viven en departamentos, se reúnen en clubes, tienen la vida social que puede tener cualquiera y van sintiendo presiones y la presión de los medios también. Las críticas de los medios son legítimas en algunos casos, legítimas desde el punto de vista de la libertad de expresión, yo puedo pensar y decir que están equivocados en lo que están diciendo o la línea que tienen para describir la realidad. Por ejemplo, el periodismo es el que ha inventado el concepto de "garantistas" y yo no sé cuáles son los que están enfrente. Serán los "garanticidas", los que no quieren que las garantías se cumplan. Pero pareciera que hay una discusión que no tiene sentido, porque todo aquel que se ve sometido al sistema penal, incluso los periodistas, deberían querer tener frente a sí jueces que no se vieran presionados por factores externos sino solamente por lo que tiene que ser, las pruebas que pueda haber respecto de la responsabilidad de una persona y el derecho de aplicación al caso que se ha hecho en forma correcta. Convivimos con eso. Muchas veces el periodismo opera sobre un factor muy aleatorio que es el resultado que se pueda producir.
Demanda contra GCBA rechazada. Responsabilidad de padres.
La Justicia rechazó una demanda contra la Comuna porteña por los daños que sufrió un chico al tirarse de un tobogán.
Responsabilizó a la madre por "no cumplir con su deber de tomar medidas del caso para prevenir accidentes".
Los jueces consideraron que el juego no resultaba apto para un chico de 2 años.
N. A. V. y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios
Considero del caso resaltar que cuando los niños, por su corta edad, carecen de la estabilidad, por su falta de madurez neurológica y psicológica, necesaria para mantenerse atentos y alejados de los riesgos que los rodean, el sentido común indica que corresponde a los padres, o a quienes bajo cuya supervisión se encuentren los menores, poner en marcha los mecanismos o adoptar las conductas adecuadas para suplir sus falencias, extremando los recaudos para resguardar su integridad.
Debo señalar también que, por mucho que se profundice en el concepto de una culpa objetivada del dueño o guardián de la cosa considerada riesgosa, o se afine el de la culpa apreciada en sí misma, lo cierto es que no puede prescindirse, según se ha visto, de la incidencia causal decisiva del hecho de la víctima y de la culpa de quien debía dirigir su conducta, de manera que más que de causales de exención de una responsabilidad presumida o probada, corresponde hablar de circunstancias que impiden la configuración de la responsabilidad civil, precisamente por no llegar a concretarse el necesario vínculo de causalidad adecuado entre algún factor de imputación y el daño (Trigo Represas, F. A. López Mesa, M. J., "Tratado de la responsabilidad civil", t. III, p. 362 y sus citas en nota 262).
No me cabe duda entonces que el nexo de causalidad está totalmente interrumpido por la omisión culposa de quien tenía la responsabilidad directa de velar por la seguridad del menor (cfr. art. 264 del Cód. Civil), configurándose una de las eximentes del art.1113 del mismo cuerpo normativo.
Responsabilizó a la madre por "no cumplir con su deber de tomar medidas del caso para prevenir accidentes".
Los jueces consideraron que el juego no resultaba apto para un chico de 2 años.
N. A. V. y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios
Considero del caso resaltar que cuando los niños, por su corta edad, carecen de la estabilidad, por su falta de madurez neurológica y psicológica, necesaria para mantenerse atentos y alejados de los riesgos que los rodean, el sentido común indica que corresponde a los padres, o a quienes bajo cuya supervisión se encuentren los menores, poner en marcha los mecanismos o adoptar las conductas adecuadas para suplir sus falencias, extremando los recaudos para resguardar su integridad.
Debo señalar también que, por mucho que se profundice en el concepto de una culpa objetivada del dueño o guardián de la cosa considerada riesgosa, o se afine el de la culpa apreciada en sí misma, lo cierto es que no puede prescindirse, según se ha visto, de la incidencia causal decisiva del hecho de la víctima y de la culpa de quien debía dirigir su conducta, de manera que más que de causales de exención de una responsabilidad presumida o probada, corresponde hablar de circunstancias que impiden la configuración de la responsabilidad civil, precisamente por no llegar a concretarse el necesario vínculo de causalidad adecuado entre algún factor de imputación y el daño (Trigo Represas, F. A. López Mesa, M. J., "Tratado de la responsabilidad civil", t. III, p. 362 y sus citas en nota 262).
No me cabe duda entonces que el nexo de causalidad está totalmente interrumpido por la omisión culposa de quien tenía la responsabilidad directa de velar por la seguridad del menor (cfr. art. 264 del Cód. Civil), configurándose una de las eximentes del art.1113 del mismo cuerpo normativo.
lunes, 24 de octubre de 2011
Delitos y Contravenciones de la CIUDAD DE BUENOS AIRES
DELITOS
Los delitos cuya competencia se transfirió a la Ciudad son:
Cuando alguien amenaza a otro para alarmarlo o asustarlo (conforme art. 149 bis, 1er párrafo Código Penal).
Cuando una persona daña, hace desaparecer o destruye una cosa, un inmueble o un animal de otro (arts. 183 y 184 C.P.).
Cuando una persona no solventa los gastos de subsistencia de su hijo menor de 18 años o discapacitado (Ley 13.944).
Cuando alguien le quita a otro un inmueble por la fuerza, a escondidas o engañándolo (art. 181 C.P.).
Cuando alguien abandona a una persona que no puede valerse por sí misma (y a la que deba mantener o cuidar, o a la que haya incapacitado) poniendo en riesgo su vida o su salud, privándola de la ayuda o la asistencia necesaria (arts. 106 y 107 del C.P.).
Cuando una persona entra en la casa o negocio de otro contra su voluntad (art. 150 C.P.).
Cuando alguien maltrata a un animal, ya sea lastimándolo, dándole alimento insuficiente, haciéndolo trabajar en jornadas excesivas sin descanso, etc. (Ley 14.346).
Cuando alguien viola y/o daña los mails o la información digital privada de otra persona (art. 153 bis y 183 2º párr. C.P., conforme Res. FG 152/08).
Cuando una persona tiene o lleva un arma de fuego de uso civil sin permiso, o suministra este tipo de armas de manera ilegal (art. 189 bis, 2º y 4º apartado C.P.).
Cuando alguien realiza o hace realizar a otros exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros (art. 129 C.P.).
Cuando alguien es lesionado en medio de una pelea entre más de dos personas, no pudiéndose determinar quién provocó las lesiones (arts. 95 y 96 del C.P.).
Cuando alguien se hace pasar por médico sin serlo, o promete curar en un término fijo o por medios secretos o infalibles (art. 208 C.P.).
Cuando una persona no ayuda -directamente o avisando a las autoridades- a un chico menor de diez años perdido o desamparado, o a otra persona herida o inválida o amenazada de algún peligro (art. 108 C.P.).
Cuando alguien produce, publica o distribuye imágenes pornográficas con menores de 18 años, u organiza espectáculos en vivo con escenas pornográficas con esos menores (art. 128 C.P.).
Cuando dos personas se casan sabiendo alguno de los contrayentes, ambos y/o el oficial público que no pueden hacerlo, por algún impedimento, como estar alguno o los dos casados anteriormente (arts. 134 a 137 C.P.).
Cuando alguien participa en una organización o realiza propaganda basada en ideas discriminatorias como la superioridad de una raza, religión, origen o color, etc., o incita a la persecución o el odio contra alguno de esos grupos (art. 3 de la Ley 23.592).
Cuando alguien organiza o participa de una picada de autos ilegal, poniendo en riesgo la vida o la integridad física de las personas (art. 193 bis C.P., conforme Res. FG 75/08).
Cuando alguien participa en hechos de violencia que se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo (Ley 23.184 s/Ley 24.192).
Cuando alguien participe de concursos que requieran la ingesta de bebidas alcohólicas (art. 7 de la ley 24.788, conforme Res. FG 10/10).
Cuando alguien manipula residuos peligrosos y provoca envenenamiento, adulteración o contaminación peligrosa para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general (art. 55, 56 y 57 de la Ley 24051, conforme Res. FG 15/10).
CONTRAVENCIONES
Entre las contravenciones más denunciadas están:
Cuando alguien maltrata físicamente, intimida, u hostiga a otro (conforme art. 52 Código Contravencional).
Cuando se perturba el descanso o la tranquilidad de otros mediante ruidos que por su volumen, repetición o persistencia se transforman en molestos (art. 82 C.C.).
Cuando alguien ofrece o demanda servicios de carácter sexual en forma evidente en los espacios públicos no autorizados (art. 81 C.C.).
Cuando una persona realiza una actividad lucrativa en la vía pública sin la autorización correspondiente (arts. 83 C.C.).
Cuando se viola la clausura ordenada por una autoridad judicial o administrativa (art. 73 C.C.).
Cuando alguien conduce un vehículo con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes (art. 111 C.C.).
Cuando se organizan, explotan, promueven, comercian u ofrecen sorteos, apuestas o juegos clandestinos (art. 116 y 117 C.C.).
Cuando se manchan o ensucian bienes de propiedad pública o privada (art. 80 C.C.).
Cuando una persona discrimina a otra por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica, etc.(art. 65 C.C.).
Cuando una persona suministra alcohol (art. 60 C.C.) o material pornográfico a menores de edad (arts. 62 C.C.).
Cuando se tolera o admite la presencia de menores en lugares no autorizados (art. 61 C.C.).
Cuando alguien revende entradas para un espectáculo masivo provocando aglomeraciones, desórdenes o incidentes (art. 91 C.C.).
Cuando alguien lleva en la vía pública armas no convencionales (de aire o gas comprimido, armas blancas u objetos cortantes contundentes) con el fin de agredir a otros (art. 85 C.C.).
Cuando se omiten los recaudos de organización o seguridad en espectáculos masivos (art. 96 C.C.).
Cuando alguien exige una retribución por el estacionamiento o el cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal (art. 79 C.C.).
Los delitos cuya competencia se transfirió a la Ciudad son:
Cuando alguien amenaza a otro para alarmarlo o asustarlo (conforme art. 149 bis, 1er párrafo Código Penal).
Cuando una persona daña, hace desaparecer o destruye una cosa, un inmueble o un animal de otro (arts. 183 y 184 C.P.).
Cuando una persona no solventa los gastos de subsistencia de su hijo menor de 18 años o discapacitado (Ley 13.944).
Cuando alguien le quita a otro un inmueble por la fuerza, a escondidas o engañándolo (art. 181 C.P.).
Cuando alguien abandona a una persona que no puede valerse por sí misma (y a la que deba mantener o cuidar, o a la que haya incapacitado) poniendo en riesgo su vida o su salud, privándola de la ayuda o la asistencia necesaria (arts. 106 y 107 del C.P.).
Cuando una persona entra en la casa o negocio de otro contra su voluntad (art. 150 C.P.).
Cuando alguien maltrata a un animal, ya sea lastimándolo, dándole alimento insuficiente, haciéndolo trabajar en jornadas excesivas sin descanso, etc. (Ley 14.346).
Cuando alguien viola y/o daña los mails o la información digital privada de otra persona (art. 153 bis y 183 2º párr. C.P., conforme Res. FG 152/08).
Cuando una persona tiene o lleva un arma de fuego de uso civil sin permiso, o suministra este tipo de armas de manera ilegal (art. 189 bis, 2º y 4º apartado C.P.).
Cuando alguien realiza o hace realizar a otros exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros (art. 129 C.P.).
Cuando alguien es lesionado en medio de una pelea entre más de dos personas, no pudiéndose determinar quién provocó las lesiones (arts. 95 y 96 del C.P.).
Cuando alguien se hace pasar por médico sin serlo, o promete curar en un término fijo o por medios secretos o infalibles (art. 208 C.P.).
Cuando una persona no ayuda -directamente o avisando a las autoridades- a un chico menor de diez años perdido o desamparado, o a otra persona herida o inválida o amenazada de algún peligro (art. 108 C.P.).
Cuando alguien produce, publica o distribuye imágenes pornográficas con menores de 18 años, u organiza espectáculos en vivo con escenas pornográficas con esos menores (art. 128 C.P.).
Cuando dos personas se casan sabiendo alguno de los contrayentes, ambos y/o el oficial público que no pueden hacerlo, por algún impedimento, como estar alguno o los dos casados anteriormente (arts. 134 a 137 C.P.).
Cuando alguien participa en una organización o realiza propaganda basada en ideas discriminatorias como la superioridad de una raza, religión, origen o color, etc., o incita a la persecución o el odio contra alguno de esos grupos (art. 3 de la Ley 23.592).
Cuando alguien organiza o participa de una picada de autos ilegal, poniendo en riesgo la vida o la integridad física de las personas (art. 193 bis C.P., conforme Res. FG 75/08).
Cuando alguien participa en hechos de violencia que se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo (Ley 23.184 s/Ley 24.192).
Cuando alguien participe de concursos que requieran la ingesta de bebidas alcohólicas (art. 7 de la ley 24.788, conforme Res. FG 10/10).
Cuando alguien manipula residuos peligrosos y provoca envenenamiento, adulteración o contaminación peligrosa para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general (art. 55, 56 y 57 de la Ley 24051, conforme Res. FG 15/10).
CONTRAVENCIONES
Entre las contravenciones más denunciadas están:
Cuando alguien maltrata físicamente, intimida, u hostiga a otro (conforme art. 52 Código Contravencional).
Cuando se perturba el descanso o la tranquilidad de otros mediante ruidos que por su volumen, repetición o persistencia se transforman en molestos (art. 82 C.C.).
Cuando alguien ofrece o demanda servicios de carácter sexual en forma evidente en los espacios públicos no autorizados (art. 81 C.C.).
Cuando una persona realiza una actividad lucrativa en la vía pública sin la autorización correspondiente (arts. 83 C.C.).
Cuando se viola la clausura ordenada por una autoridad judicial o administrativa (art. 73 C.C.).
Cuando alguien conduce un vehículo con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes (art. 111 C.C.).
Cuando se organizan, explotan, promueven, comercian u ofrecen sorteos, apuestas o juegos clandestinos (art. 116 y 117 C.C.).
Cuando se manchan o ensucian bienes de propiedad pública o privada (art. 80 C.C.).
Cuando una persona discrimina a otra por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica, etc.(art. 65 C.C.).
Cuando una persona suministra alcohol (art. 60 C.C.) o material pornográfico a menores de edad (arts. 62 C.C.).
Cuando se tolera o admite la presencia de menores en lugares no autorizados (art. 61 C.C.).
Cuando alguien revende entradas para un espectáculo masivo provocando aglomeraciones, desórdenes o incidentes (art. 91 C.C.).
Cuando alguien lleva en la vía pública armas no convencionales (de aire o gas comprimido, armas blancas u objetos cortantes contundentes) con el fin de agredir a otros (art. 85 C.C.).
Cuando se omiten los recaudos de organización o seguridad en espectáculos masivos (art. 96 C.C.).
Cuando alguien exige una retribución por el estacionamiento o el cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal (art. 79 C.C.).
Obligaciones alimentarias de los abuelos CARACTER SUBSIDIARIA
La obligación alimentaria de los abuelos respecto a sus nietos es de caracter subsidiaria. Por consiguiente, la madre del menor debe justificar no sólo el fallecimiento del padre, que es el principal obligado, y el caudal económico de la abuela paterna, sino también su propia imposibilidad de cumplir con tal deber emergente del ejercicio de la patria potestad, directamente relacionado con la insuficiencia de sus propios recursos o la imposibilidad de procurárselos para dirigir su reclamo contra aquella (CNCiv Sala A, Z, S, M C/L. de D. E. C. 14/04/1997, LL, 1997-D 840 DJ 1997-3, 72)
jueves, 20 de octubre de 2011
Beneficio de litigar sin gastos
Un tribunal de Córdoba concedió el beneficio de litigar sin gastos a un estudiante de Medicina -menor de 18 años- que alegó no poder afrontar los costos del proceso. Para el tribunal, que sus padres y hermanos tuvieran ingresos no era un motivo suficiente para rechazar la petición.
Córdoba, 24 de agosto de dos mil once.
Y VISTOS: Los autos caratulados "C., O. A.- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS" (Expte. N° 1046693/36), para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del actor peticionante en contra del Auto Número Setecientos Cuarenta y Siete, del once de septiembre de dos mil ocho, dictado por el Sr. Juez de Primera Instancia y Vigésimo Séptima Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. José Luis García Sagues, que dispuso: ". 1) Desestimar la demanda de beneficio de litigar sin gastos. II) Imponer las costas al peticionante. III) Diferir la regulación de honorarios del profesional interviniente conforme a lo manifestado en el considerando respectivo. IV) Prot.".
Y CONSIDERANDO:
I.- Como primer agravio, el recurrente señala que es desacertada la decisión del A quo al considerar que no se encuentra acreditada la regularidad y permanencia del peticionante del beneficio como estudiante, al acompañar únicamente la primera hoja de la libreta de estudiante. Fundamenta dicha afirmación, sosteniendo que dicha hoja era la única que tenía al momento de solicitar el beneficio, y que el Juez debió solicitar que se acompañe completamente al resolver, como medida para mejor proveer, puesto que había sido ofrecida en su totalidad. Por ello, con más los testimonios de fs. 75 y 94, sumados a la encuesta ambiental, entiende que se encuentra acreditada la condición de estudiante de C.
Como segundo agravio, el apelante expresa que es incorrecta la afirmación del Juez cuando señala que los padres del peticionante ocultaron información con respecto a la situación patrimonial que tenían. Relata que eso no se condice con la prueba aportada, porque el padre del peticionante es "amo de casa", puesto que ha tenido una actividad comercial, la cual tuvo que pedir el cese en la municipalidad, conforme lo acredita a fs. 58, sin perjuicio de continuar inscripto en la DGR y en AFIP en el mismo rubro. Señala que la testimonial de fs.75, corrobora que el padre del peticionante se ocupa de las tareas de la casa, que el único ingreso es por parte de la madre (que es maestra) y que la testimonial de fs. 94, alcanza para probar que el padre hace changas en una pizzería. Agrega que de ambas testimoniales surge que son gente humilde, que no sale de vacaciones y que quien mantiene la casa es la madre con los ingresos que obtiene como maestra. Por último destaca que si hubieran querido ocultar la existencia de bienes, no habrían interrogado a los testigos sobre dicha circunstancia, pregunta que sí realizaron en la cuarta del pliego de fs. 11 vta.
Como tercer agravio, se agravia de lo manifestado por el A-quo cuando considera que se ha presentado al resto de la familia como neutros en cuanto al aporte económico, siendo que el recurrente señala que nada debía probarse en relación a los hermanos del actor por cuanto éstos no tienen ninguna obligación legal de soportar los gastos de justicia.
Bajo el acápite cuarto agravio, el apelante señala que lo agravia lo expresado por el Juez en el sentido que la situación patrimonial de los postulantes constituyó un secreto y que si los padres del peticionante tienen una casa y un auto Fiat viejo, puede que tengan patrimonio. Afirma que conforme las informativas de la DGR, los peticionantes no tienen bienes automotores a su nombre, y de la correspondiente al Registro General de la Provincia, tampoco inmuebles.
El quinto agravio apuntado por el apelante, gira en torno al argumento del Juez que afirmó que la encuesta ambiental fue hecha por un oficial de justicia que no se ocupó de observar lo que se presentaba a sus ojos ni hacer un relevamiento ambiental ni social.En este sentido, señala el recurrente que el oficial de justicia recabó la información necesaria, constatando que la casa es de clase media y que no tienen bienes suntuosos, sino sólo los indispensables.
Como sexto agravio, esgrime que han probado que el peticionante y sus padres no tienen medios para hacer frente al pago de gastos de justicia. Por último y como séptimo agravio, relata que todos los intervinientes en el trámite no se han opuesto a la concesión del beneficio.
Corrido el traslado a la codemandada Gilda Edith Gómez y al codemandado Luciano M. Gulisano, fueron contestados a fs. 224/227 y 230/233 respectivamente, a cuyos escritos nos remitimos por razones de brevedad.
II.- Por razones metodológicas, serán analizados los agravios del recurrente en el orden en que han sido expuestos en el escrito pertinente.En relación al primer agravio, sin perjuicio de ser desacertada la afirmación del recurrente en el sentido de que debió solicitarse como medida para mejor proveer que sea acompañada la libreta estudiantil completa, no es menos cierto, que las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 75 y 96, son contestes en sostener que el solicitante del beneficio de litigar sin gastos es un estudiante de medicina que se dedica únicamente a dicha actividad, sin trabajar. Así, a fs. 75, encontramos que el Sr. Aguat dice G., el hijo, estudia medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, es un chico muy aventajado, porque con veinte años cursa el tercer año de medicina, se dedica sólo al estudio, no trabaja, ni tiene ningún ingreso económico, lo sostiene la madre". En el mismo sentido, el Sr. Luis María Fierro, a fs. 96 señala "G. es estudiante de medicina, no tiene ningún ingreso económico, no trabaja, lo mantienen los padres". Los dichos de los testigos entonces, son contundentes en relación a probar la circunstancia de estudiante del peticionante y la falta de ingresos por no trabajar por dedicarse a dicha actividad.La falta de acreditación de la regularidad, no es obstáculo para considerar como probada dicha circunstancia con otras pruebas aportadas a la causa. En tal sentido, la primera hoja de la libreta estudiantil, aunque no sea contundente en relación a la regularidad universitaria, constituye un indicio suficiente, el cual acompañado de las testimoniales, que son coincidentes, alcanza a probar la situación argumentada por quien solicita el beneficio de litigar sin gastos. Es por ello, que el primer agravio debe ser recibido.
En relación al resto de los agravios, es dable traer a colación, el reciente fallo de la Excma. Cámara Quinta de Apelaciones de la Provincia de Córdoba en autos "L.G.M., - Beneficio de Litigar Sin Gastos" (Expte. N° 890970/36), donde mediante Auto Número Ciento Cincuenta y Seis del veinte de mayo de dos mil once, se dijo que: "Aquí se presenta la situación de una demanda de daños y perjuicios incoada por los padres de un menor, en su carácter de representantes legales del mismo, y se ha solicitado el beneficio de litigar sin gastos porque el menor carece de recursos propios para afrontar los gastos del proceso. Según el criterio de la resolución dictada por el señor Juez a quo, los citados gastos deben ser solventados por los padres, por lo que las condiciones para acceder al beneficio deben probarse en cabeza de los mismos, atendiendo a que de la interpretación de la ley civil, en cuanto se refiere a la defensa de los derechos de los menores y a que la promoción del presente litigio se enmarca dentro de los deberes que impone la patria potestad, por lo que se concluye en la responsabilidad de los padres por los gastos que genere su accionar.En otros términos, el tribunal a quo establece que, siendo que los padres están obligados a accionar en defensa de sus hijos menores en virtud de la patria potestad, necesariamente deben tomar a su cargo, de manera personal, los costos del proceso, ya que existe una "ligazón inescindible" entre este deber de accionar con la obligación de asumir las costas judiciales, por comportar el aspecto material del deber de asistencia debido por los padres. En realidad, no comprendo la afirmación del sentenciante, máxime cuando se acciona en nombre de otro. No hay ninguna motivación racional para deducir que del deber de accionar se deriva el deber de pagar, principalmente si se tiene en cuenta que se acciona en virtud de una representación (convencional o legal), en cuyo caso quien debe asumir los costos del proceso es el representado (en cuyo interés se actúa) y no el representante (a quien no le corresponde asumir las consecuencias económicas y jurídicas de los actos realizados en ejercicio de la representación). Los fundamentos del señor Juez a quo se refieren a otras cuestiones, derivando a los padres el deber de asumir las costas de los fines de la patria potestad, del concepto de "asistencia", de la composición de la obligación alimentaria, del poder de dirección de los padres respecto de la acción promovida, de las conjeturas o elucubraciones que los padres debieron hacer para decidirse a accionar; llegando, para justificar su aserto, a ingresar al concepto de "asistencia" (integrativo del concepto de alimento), relacionándolo genéricamente con los fines de la patria potestad. No hay disposición legal alguna que disponga que todo deber u obligación impuesto a los padres en el marco de la patria potestad debe ser correlativamente asumido con el patrimonio propio.Por el contrario, el régimen legal regula el deber de los padres para con sus hijos menores a partir de la obligación alimentaria, pues el art.265 del Código Civil dispone que los padres están obligados a "alimentar" a sus hijos con sus bienes propios, agregando el art. 267 que "La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad"- La Cámara Séptima de Apelaciones en lo Civil y Comercial de nuestra Ciudad, al comentar esta última norma, nos dice que dicha obligación y el derecho a ejercer la defensa de los intereses del menor no implica que las masas patrimoniales deban confundirse. Una cosa es la obligación alimentaria y los gastos de educación y otra es la defensa de los intereses jurídicos el menor".
No se debe confundir la situación patrimonial de los padres de un menor, con la del menor en particular. Es que en el caso de autos, quien acciona es el menor (en este momento mayor de edad), por lo que la situación patrimonial que debe contrastarse con el gasto a realizarse para afrontar el juicio es la del hijo de los originariamente peticionantes que sólo actuaron en representación del mismo (G. C.).
Asimismo, no se puede rechazar un beneficio de litigar sin gastos, fundándose en que los padres y los hermanos del solicitante trabajan y generan ingresos, puesto que la imposibilidad patrimonial de pagar los gastos, debe ser la personal del peticionante del beneficio, sin perjuicio de que sea representado por sus padres a los fines de realizar los trámites correspondientes.
En igual sentido se pronunció la Excelentísima Cámara Quinta en el precedente mencionado, señalando que "En nuestro sistema legal -como dijimos anteriormente- no existe el deber de afrontar personalmente las costas judiciales del mero hecho de la representación legal.Lo mismo que en la representación de las personas jurídicas, en la tutela, en la curatela y en el mismo contrato de mandato -donde el representante esta obligado a iniciar juicios en salvaguarda de los intereses del representado- pasa en la patria potestad, en donde la representación en juicio que ejercen los padres de sus hijos menores obedece solo a la incapacidad de éstos; no imponiéndole a aquellos que asuman el costo económico de esa actividad.Por eso una cosa es que la representación legal de la que están investidos los padres (art.57 del Código Civil) y otra su eventual responsabilidad porque puedan incurrir en una mala gestión de los intereses de sus hijos. De otro modo se estaría trasladando a los representantes legales una obligación sin que exista causa que lo justifique. Y tampoco puede sustentarse en los deberes dimanantes de la patria potestad, pues si bien una de las funciones relevantes de la patria potestad es la representación de los hijos menores (art. 274 del Código Civil), ello no significa imponerles "ab initio" una responsabilidad como la que pretenden los actores. Y por último debe tenerse presente que la representación legal de los padres se rige por las disposiciones del título del mandato (art.1870, inc.1º Código Civil), en donde los representantes no quedan personalmente obligados siempre que lo hubiesen hecho de acuerdo a los términos de su obligación (art. l946 cod.cit.), ya que los actos realizados, como las obligaciones contraídas, en los límites de sus poderes, son considerados como hechos personalmente por el representado (art. 1946 cod.cit.).
El Tribunal a quo ha entendido que la obligación que le exige a los padres se encuentra incluida en el concepto de "asistencia" del art.267 del Cod. Civil, ya que es necesario interpretar con amplitud esta noción, teniendo en cuenta los fines de la patria potestad.Consideramos que ello no es así, ya que de la lectura de dicha norma surge que la obligación literalmente comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad; términos éstos que tienen un significado concreto e inequívoco y que nada tienen que ver con las costas y gastos de justicia. Y si el alimentante debe soportar el pago de la deudas que el alimentado hubiera contraído, sólo se aceptan aquellas que fueran contraídas con el fin de inversión en alimentos. Una cosa es la obligación alimentaria y los gastos de educación y otras muy distinta la defensa de los intereses judiciales del menor referida a los derechos hereditarios que le corresponden. La correcta interpretación de la ley permite entender que, para otorgar el beneficio que nos ocupa, sólo corresponde evaluar la situación patrimonial del menor. La responsabilidad por el pago de las costas judiciales (comprensiva de tributos, aportes previsionales y colegiales y honorarios profesionales) le compete exclusivamente a las partes del juicio. Por otro lado, los gastos de alimentos son habituales, mientras que los de justicia son excepcionales. Aquéllos no pueden ser evitados, ya que de ellos depende la subsistencia del menor. Los gastos extraordinarios, como los de justicia, pueden encauzarse por medio de institutos como el beneficio de litigar sin gastos y la asistencia letrada gratuita, que también satisfacen las necesidades inherentes a la defensa judicial.".
En este sentido entonces, no corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos, basándose en la existencia de bienes a nombre de los padres del peticionante originariamente menor (la vivienda y un automotor Fiat). Ello puesto que como bien señala la doctrina, junto con la jurisprudencia local, lo que debe ser probado es la impotencia patrimonial del actor para hacer frente al juicio en particular. Dicha impotencia patrimonial, no implica que quien solicita el beneficio debe "carecer de bienes", sino que debe tener una gran dificultad o imposibilidad para afrontar los gastos que implica un juicio.Por ello, quien tiene un inmueble o un auto a su nombre, no necesariamente puede hacer frente a los gastos mencionados, sino que debe tener "liquidez" para poder hacerlo, sin importar si tiene bienes de capital o no.
Por todo lo expuesto, corresponde admitir el recurso de apelación, revocando la resolución recurrida en todas sus partes y hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos incoada por el Sr. G. A. M. C.Las costas del presente proceso se imponen a los vencidos codemandados Gilda Edith Gómez y Luciano M. Gulisano (art. 130 CPC), a cuyo fin los honorarios del letrado interviniente se regulan de conformidad a lo dispuesto por los arts. 36, 39, 40 y 83 inc. 2º, 2da. parte de la ley 9459.Por lo expuesto,
SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el peticionante, revocando en todas sus partes la resolución recurrida y en su mérito, hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos a favor del Sr. G. A. M. C. 2) Imponer las costas en ambas instancias a los codemandados vencidos (art. 130 CPC), y estimar los honorarios profesionales del Dr. Oscar Cascone por sus trabajos en la Alzada, en el . % de lo que se le regule en primera instancia, debiendo respetarse el mínimo legal (. jus).
Protocolícese, hágase saber y bajen.
Córdoba, 24 de agosto de dos mil once.
Y VISTOS: Los autos caratulados "C., O. A.- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS" (Expte. N° 1046693/36), para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del actor peticionante en contra del Auto Número Setecientos Cuarenta y Siete, del once de septiembre de dos mil ocho, dictado por el Sr. Juez de Primera Instancia y Vigésimo Séptima Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. José Luis García Sagues, que dispuso: ". 1) Desestimar la demanda de beneficio de litigar sin gastos. II) Imponer las costas al peticionante. III) Diferir la regulación de honorarios del profesional interviniente conforme a lo manifestado en el considerando respectivo. IV) Prot.".
Y CONSIDERANDO:
I.- Como primer agravio, el recurrente señala que es desacertada la decisión del A quo al considerar que no se encuentra acreditada la regularidad y permanencia del peticionante del beneficio como estudiante, al acompañar únicamente la primera hoja de la libreta de estudiante. Fundamenta dicha afirmación, sosteniendo que dicha hoja era la única que tenía al momento de solicitar el beneficio, y que el Juez debió solicitar que se acompañe completamente al resolver, como medida para mejor proveer, puesto que había sido ofrecida en su totalidad. Por ello, con más los testimonios de fs. 75 y 94, sumados a la encuesta ambiental, entiende que se encuentra acreditada la condición de estudiante de C.
Como segundo agravio, el apelante expresa que es incorrecta la afirmación del Juez cuando señala que los padres del peticionante ocultaron información con respecto a la situación patrimonial que tenían. Relata que eso no se condice con la prueba aportada, porque el padre del peticionante es "amo de casa", puesto que ha tenido una actividad comercial, la cual tuvo que pedir el cese en la municipalidad, conforme lo acredita a fs. 58, sin perjuicio de continuar inscripto en la DGR y en AFIP en el mismo rubro. Señala que la testimonial de fs.75, corrobora que el padre del peticionante se ocupa de las tareas de la casa, que el único ingreso es por parte de la madre (que es maestra) y que la testimonial de fs. 94, alcanza para probar que el padre hace changas en una pizzería. Agrega que de ambas testimoniales surge que son gente humilde, que no sale de vacaciones y que quien mantiene la casa es la madre con los ingresos que obtiene como maestra. Por último destaca que si hubieran querido ocultar la existencia de bienes, no habrían interrogado a los testigos sobre dicha circunstancia, pregunta que sí realizaron en la cuarta del pliego de fs. 11 vta.
Como tercer agravio, se agravia de lo manifestado por el A-quo cuando considera que se ha presentado al resto de la familia como neutros en cuanto al aporte económico, siendo que el recurrente señala que nada debía probarse en relación a los hermanos del actor por cuanto éstos no tienen ninguna obligación legal de soportar los gastos de justicia.
Bajo el acápite cuarto agravio, el apelante señala que lo agravia lo expresado por el Juez en el sentido que la situación patrimonial de los postulantes constituyó un secreto y que si los padres del peticionante tienen una casa y un auto Fiat viejo, puede que tengan patrimonio. Afirma que conforme las informativas de la DGR, los peticionantes no tienen bienes automotores a su nombre, y de la correspondiente al Registro General de la Provincia, tampoco inmuebles.
El quinto agravio apuntado por el apelante, gira en torno al argumento del Juez que afirmó que la encuesta ambiental fue hecha por un oficial de justicia que no se ocupó de observar lo que se presentaba a sus ojos ni hacer un relevamiento ambiental ni social.En este sentido, señala el recurrente que el oficial de justicia recabó la información necesaria, constatando que la casa es de clase media y que no tienen bienes suntuosos, sino sólo los indispensables.
Como sexto agravio, esgrime que han probado que el peticionante y sus padres no tienen medios para hacer frente al pago de gastos de justicia. Por último y como séptimo agravio, relata que todos los intervinientes en el trámite no se han opuesto a la concesión del beneficio.
Corrido el traslado a la codemandada Gilda Edith Gómez y al codemandado Luciano M. Gulisano, fueron contestados a fs. 224/227 y 230/233 respectivamente, a cuyos escritos nos remitimos por razones de brevedad.
II.- Por razones metodológicas, serán analizados los agravios del recurrente en el orden en que han sido expuestos en el escrito pertinente.En relación al primer agravio, sin perjuicio de ser desacertada la afirmación del recurrente en el sentido de que debió solicitarse como medida para mejor proveer que sea acompañada la libreta estudiantil completa, no es menos cierto, que las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 75 y 96, son contestes en sostener que el solicitante del beneficio de litigar sin gastos es un estudiante de medicina que se dedica únicamente a dicha actividad, sin trabajar. Así, a fs. 75, encontramos que el Sr. Aguat dice G., el hijo, estudia medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, es un chico muy aventajado, porque con veinte años cursa el tercer año de medicina, se dedica sólo al estudio, no trabaja, ni tiene ningún ingreso económico, lo sostiene la madre". En el mismo sentido, el Sr. Luis María Fierro, a fs. 96 señala "G. es estudiante de medicina, no tiene ningún ingreso económico, no trabaja, lo mantienen los padres". Los dichos de los testigos entonces, son contundentes en relación a probar la circunstancia de estudiante del peticionante y la falta de ingresos por no trabajar por dedicarse a dicha actividad.La falta de acreditación de la regularidad, no es obstáculo para considerar como probada dicha circunstancia con otras pruebas aportadas a la causa. En tal sentido, la primera hoja de la libreta estudiantil, aunque no sea contundente en relación a la regularidad universitaria, constituye un indicio suficiente, el cual acompañado de las testimoniales, que son coincidentes, alcanza a probar la situación argumentada por quien solicita el beneficio de litigar sin gastos. Es por ello, que el primer agravio debe ser recibido.
En relación al resto de los agravios, es dable traer a colación, el reciente fallo de la Excma. Cámara Quinta de Apelaciones de la Provincia de Córdoba en autos "L.G.M., - Beneficio de Litigar Sin Gastos" (Expte. N° 890970/36), donde mediante Auto Número Ciento Cincuenta y Seis del veinte de mayo de dos mil once, se dijo que: "Aquí se presenta la situación de una demanda de daños y perjuicios incoada por los padres de un menor, en su carácter de representantes legales del mismo, y se ha solicitado el beneficio de litigar sin gastos porque el menor carece de recursos propios para afrontar los gastos del proceso. Según el criterio de la resolución dictada por el señor Juez a quo, los citados gastos deben ser solventados por los padres, por lo que las condiciones para acceder al beneficio deben probarse en cabeza de los mismos, atendiendo a que de la interpretación de la ley civil, en cuanto se refiere a la defensa de los derechos de los menores y a que la promoción del presente litigio se enmarca dentro de los deberes que impone la patria potestad, por lo que se concluye en la responsabilidad de los padres por los gastos que genere su accionar.En otros términos, el tribunal a quo establece que, siendo que los padres están obligados a accionar en defensa de sus hijos menores en virtud de la patria potestad, necesariamente deben tomar a su cargo, de manera personal, los costos del proceso, ya que existe una "ligazón inescindible" entre este deber de accionar con la obligación de asumir las costas judiciales, por comportar el aspecto material del deber de asistencia debido por los padres. En realidad, no comprendo la afirmación del sentenciante, máxime cuando se acciona en nombre de otro. No hay ninguna motivación racional para deducir que del deber de accionar se deriva el deber de pagar, principalmente si se tiene en cuenta que se acciona en virtud de una representación (convencional o legal), en cuyo caso quien debe asumir los costos del proceso es el representado (en cuyo interés se actúa) y no el representante (a quien no le corresponde asumir las consecuencias económicas y jurídicas de los actos realizados en ejercicio de la representación). Los fundamentos del señor Juez a quo se refieren a otras cuestiones, derivando a los padres el deber de asumir las costas de los fines de la patria potestad, del concepto de "asistencia", de la composición de la obligación alimentaria, del poder de dirección de los padres respecto de la acción promovida, de las conjeturas o elucubraciones que los padres debieron hacer para decidirse a accionar; llegando, para justificar su aserto, a ingresar al concepto de "asistencia" (integrativo del concepto de alimento), relacionándolo genéricamente con los fines de la patria potestad. No hay disposición legal alguna que disponga que todo deber u obligación impuesto a los padres en el marco de la patria potestad debe ser correlativamente asumido con el patrimonio propio.Por el contrario, el régimen legal regula el deber de los padres para con sus hijos menores a partir de la obligación alimentaria, pues el art.265 del Código Civil dispone que los padres están obligados a "alimentar" a sus hijos con sus bienes propios, agregando el art. 267 que "La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad"- La Cámara Séptima de Apelaciones en lo Civil y Comercial de nuestra Ciudad, al comentar esta última norma, nos dice que dicha obligación y el derecho a ejercer la defensa de los intereses del menor no implica que las masas patrimoniales deban confundirse. Una cosa es la obligación alimentaria y los gastos de educación y otra es la defensa de los intereses jurídicos el menor".
No se debe confundir la situación patrimonial de los padres de un menor, con la del menor en particular. Es que en el caso de autos, quien acciona es el menor (en este momento mayor de edad), por lo que la situación patrimonial que debe contrastarse con el gasto a realizarse para afrontar el juicio es la del hijo de los originariamente peticionantes que sólo actuaron en representación del mismo (G. C.).
Asimismo, no se puede rechazar un beneficio de litigar sin gastos, fundándose en que los padres y los hermanos del solicitante trabajan y generan ingresos, puesto que la imposibilidad patrimonial de pagar los gastos, debe ser la personal del peticionante del beneficio, sin perjuicio de que sea representado por sus padres a los fines de realizar los trámites correspondientes.
En igual sentido se pronunció la Excelentísima Cámara Quinta en el precedente mencionado, señalando que "En nuestro sistema legal -como dijimos anteriormente- no existe el deber de afrontar personalmente las costas judiciales del mero hecho de la representación legal.Lo mismo que en la representación de las personas jurídicas, en la tutela, en la curatela y en el mismo contrato de mandato -donde el representante esta obligado a iniciar juicios en salvaguarda de los intereses del representado- pasa en la patria potestad, en donde la representación en juicio que ejercen los padres de sus hijos menores obedece solo a la incapacidad de éstos; no imponiéndole a aquellos que asuman el costo económico de esa actividad.Por eso una cosa es que la representación legal de la que están investidos los padres (art.57 del Código Civil) y otra su eventual responsabilidad porque puedan incurrir en una mala gestión de los intereses de sus hijos. De otro modo se estaría trasladando a los representantes legales una obligación sin que exista causa que lo justifique. Y tampoco puede sustentarse en los deberes dimanantes de la patria potestad, pues si bien una de las funciones relevantes de la patria potestad es la representación de los hijos menores (art. 274 del Código Civil), ello no significa imponerles "ab initio" una responsabilidad como la que pretenden los actores. Y por último debe tenerse presente que la representación legal de los padres se rige por las disposiciones del título del mandato (art.1870, inc.1º Código Civil), en donde los representantes no quedan personalmente obligados siempre que lo hubiesen hecho de acuerdo a los términos de su obligación (art. l946 cod.cit.), ya que los actos realizados, como las obligaciones contraídas, en los límites de sus poderes, son considerados como hechos personalmente por el representado (art. 1946 cod.cit.).
El Tribunal a quo ha entendido que la obligación que le exige a los padres se encuentra incluida en el concepto de "asistencia" del art.267 del Cod. Civil, ya que es necesario interpretar con amplitud esta noción, teniendo en cuenta los fines de la patria potestad.Consideramos que ello no es así, ya que de la lectura de dicha norma surge que la obligación literalmente comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad; términos éstos que tienen un significado concreto e inequívoco y que nada tienen que ver con las costas y gastos de justicia. Y si el alimentante debe soportar el pago de la deudas que el alimentado hubiera contraído, sólo se aceptan aquellas que fueran contraídas con el fin de inversión en alimentos. Una cosa es la obligación alimentaria y los gastos de educación y otras muy distinta la defensa de los intereses judiciales del menor referida a los derechos hereditarios que le corresponden. La correcta interpretación de la ley permite entender que, para otorgar el beneficio que nos ocupa, sólo corresponde evaluar la situación patrimonial del menor. La responsabilidad por el pago de las costas judiciales (comprensiva de tributos, aportes previsionales y colegiales y honorarios profesionales) le compete exclusivamente a las partes del juicio. Por otro lado, los gastos de alimentos son habituales, mientras que los de justicia son excepcionales. Aquéllos no pueden ser evitados, ya que de ellos depende la subsistencia del menor. Los gastos extraordinarios, como los de justicia, pueden encauzarse por medio de institutos como el beneficio de litigar sin gastos y la asistencia letrada gratuita, que también satisfacen las necesidades inherentes a la defensa judicial.".
En este sentido entonces, no corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos, basándose en la existencia de bienes a nombre de los padres del peticionante originariamente menor (la vivienda y un automotor Fiat). Ello puesto que como bien señala la doctrina, junto con la jurisprudencia local, lo que debe ser probado es la impotencia patrimonial del actor para hacer frente al juicio en particular. Dicha impotencia patrimonial, no implica que quien solicita el beneficio debe "carecer de bienes", sino que debe tener una gran dificultad o imposibilidad para afrontar los gastos que implica un juicio.Por ello, quien tiene un inmueble o un auto a su nombre, no necesariamente puede hacer frente a los gastos mencionados, sino que debe tener "liquidez" para poder hacerlo, sin importar si tiene bienes de capital o no.
Por todo lo expuesto, corresponde admitir el recurso de apelación, revocando la resolución recurrida en todas sus partes y hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos incoada por el Sr. G. A. M. C.Las costas del presente proceso se imponen a los vencidos codemandados Gilda Edith Gómez y Luciano M. Gulisano (art. 130 CPC), a cuyo fin los honorarios del letrado interviniente se regulan de conformidad a lo dispuesto por los arts. 36, 39, 40 y 83 inc. 2º, 2da. parte de la ley 9459.Por lo expuesto,
SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el peticionante, revocando en todas sus partes la resolución recurrida y en su mérito, hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos a favor del Sr. G. A. M. C. 2) Imponer las costas en ambas instancias a los codemandados vencidos (art. 130 CPC), y estimar los honorarios profesionales del Dr. Oscar Cascone por sus trabajos en la Alzada, en el . % de lo que se le regule en primera instancia, debiendo respetarse el mínimo legal (. jus).
Protocolícese, hágase saber y bajen.
Zaffaroni: "Enseñarle a vivir en libertad a alguien encerrándolo es absurdo"
El ministro de la Corte Suprema criticó así la detención de personas que cometen delitos menores. "La cárcel fija roles desviados", advirtió y remarcó que "es un milagro que cuando salgan no reincidan"
El juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni se manifestó en contra de la detención de personas que hayan cometido delitos menores al advertir que "la cárcel fija roles desviados".
"Enseñarle a vivir en libertad a alguien encerrándolo es absurdo", indicó el magistrado en declaraciones radiales, para luego afirmar que "la cárcel fija roles desviados".
Zaffaroni consideró que, como alternativa, a los juzgados por delitos leves "se les puede ofrecer la posibilidad de cambiar su autoestima y su autopercepción".
"Alguien entra en la cárcel y entra en una categorización", opinó el reconocido constitucionalista, que también afirmó que "se da una jerarquización dentro de la cárcel y durante todos los años que está adentro tiene que responder a una demanda de rol de los otros."
"Es un milagro que cuando salgan no reincidan", acotó.
El juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni se manifestó en contra de la detención de personas que hayan cometido delitos menores al advertir que "la cárcel fija roles desviados".
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